El Gobierno boliviano defendió hoy la constitucionalidad del decreto del presidente Carlos Mesa, por el que convoca a la elección de constituyentes y a un referéndum de autonomía, y dijo que el Congreso tendrá que complementarlo.
 
Mesa decretó ayer la convocatoria para el próximo 16 de octubre de comicios para la elección de los miembros de una Asamblea Constitucional y un referéndum sobre autonomías con carácter vinculante.
 
El viceministro de Justicia, Carlos Arlarcón, indicó este viernes que es competencia del Presidente la convocatoria de cualquier proceso electoral, y que el poder legislativo deberá establecer las modalidades y formas en que debe tener lugar la Asamblea Constituyente.
 
Según Alarcón, el artículo 242 de la Constitución boliviana prevé que una ley especial del Congreso "establecerá las formas y modalidades de elección de los constituyentes", pero no dice quién es el órgano responsable y encargado de establecer la fecha de elección de los constituyentes.
 
"Lo que hace el Ejecutivo es señalar la fecha de elección de los constituyentes en base a una competencia normal y regular que tiene el Ejecutivo para convocar a elecciones de cualquier naturaleza", indicó el Viceministro.
 
Precisó que "ahora le corresponde al Poder Legislativo establecer todas las características, todas las condiciones, para poder dar funcionamiento concreto al decreto y que se puedan llevar adelante los procesos de la Asamblea Constituyente y del Referéndum Autonómico".
 
En el caso del referéndum, Alarcón precisó que el presidente ha cumplido con el mandato de convocar a la consulta después de que la iniciativa popular llevada a cabo en enero en Santa Cruz, en el este del país, cumpliera con los preceptos constitucionales.
 
"La iniciativa popular ha cumplido todos los requisitos constitucionales y legales y lo único que ha hecho el presidente es respetar ese mandato popular y darle viabilidad precisando una fecha de realización simultánea con la Asamblea Constituyente", afirmó.
 
Alarcón destacó que el decreto de Mesa fue ratificado por todos los ministros de su gabinete salvo el de Desarrollo Económico, Walter Kreidler, quien renunció al cargo.
 
"El Presidente no podía esperar un día más para determinar la realización simultánea de la Asamblea Constitucional y el referéndum porque esta situación de incertidumbre estaba poniendo en una situación crítica al país", manifestó.