La aceptación de la Iglesia Católica de mediar en la crisis de Bolivia y el segundo respaldo en 10 días de las Fuerzas Armadas al orden constitucional vigente marcaron este viernes el fin de una nueva jornada de protestas en este país.
 
A pesar del intento del presidente, Carlos Mesa, de descomprimir la tensión anoche con un decreto mediante el que convocó comicios en octubre para elegir simultáneamente a los constituyentes de una Asamblea Constituyente y un referéndum de autonomía, Bolivia volvió a vivir un nuevo día de marchas y bloqueos.
 
De acuerdo con el Servicio Nacional de Caminos se registraron cortes en 54 puntos de carreteras de todos los departamentos del país, que permaneció un día más con sus principales accesos por tierra a Chile, Perú, Paraguay y Argentina obstaculizados.
 
Algunos vuelos desde el aeropuerto internacional de La Paz hacia Lima y las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz fueron suspendidos.
 
Con menor intensidad que en días anteriores, La Paz volvió a vivir marchas y a sufrir las consecuencias del segundo día de una huelga de transporte que volvió a dejar bajo mínimos la actividad normal.
 
En El Alto, ciudad aledaña a la capital administrativa del país, los bloqueos y marchas mantuvieron el tono e incluso se radicalizaron alrededor de Senkata, punto de aprovisionamiento de combustible para La Paz, donde empiezan a sentirse los problemas de suministro.
 
Ante la intensificación del conflicto y las demandas de varios sectores para que intermediase, la Iglesia aceptó asumir el papel de árbitro con el ánimo de concertar salidas a la crisis, aunque puso como condición el abandono de las actitudes radicales por parte de las partes.
 
"Aportar todos al bien común de Bolivia con generosidad y desprendimiento; deponer toda actitud de violencia e intransigencia y ceder en la radicalidad de las demandas", fueron algunas de las condiciones puestas por la Iglesia para hacer de mediadora.
 
La Iglesia pidió a los diferentes actores apertura para un "diálogo sincero y constructivo, respetando la persona y las opiniones diferentes" y el cumplimiento "con honestidad" de los compromisos acordados.
 
El anuncio fue recibido con beneplácito por parte de los sectores sociales, aunque algunos líderes, como el dirigente del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, desestimaron la posibilidad de levantar las medidas de presión que llevan a cabo desde la semana pasada.
 
Morales indicó que continuarán con las protestas porque "las movilizaciones tienen un claro propósito: recuperar los hidrocarburos, la nacionalización de hecho, y la Asamblea Constituyente".
 
El reclamo de una cincuentena de personas encabezados por un líder sindical frente a la sede del Estado Mayor del Ejército de la instauración de un gobierno militar en Bolivia generó la inmediata reacción negativa de las Fuerzas Armadas.
 
Como hace diez días, cuando dos tenientes coroneles abogaron por la instalación de un gobierno cívico-militar, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Aranda, salió a desmentir que la jerarquía castrense tenga intención alguna de alterar el orden vigente y a respaldar la Constitución del país.
 
La manifestación fue dirigida por Pedro de la Cruz, uno de los dirigentes medios de la Central Obrera Boliviana (COB), y en ella se repartió un documento en el que se informaba de la apertura de un "proceso revolucionario" atribuido al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Marcelo Antezana.
 
"Mi nombre se está usando para desestabilizar el sistema democrático", dijo en una conferencia de prensa Antezana en la que se desvinculó del supuesto movimiento golpista.
 
"Siempre mantuve una línea de actitud de respeto a la Constitución Política del Estado, a nuestras leyes y reglamento, donde la misión de las FFAA está muy clara y no me voy a prestar para interrumpir el sistema democrático", dijo.