Los diputados planean regular a los militares

Los legisladores cuestionan que las Fuerzas Armadas se conviertan en árbitros durante crisis políticas como la del 20 de abril pasado.

PSC, ID, Pachakutik, DP y PRE coinciden en reforma para precisar campo de acción de FF.AA.

Los diputados buscan frenar la participación política de los militares en momentos de crisis.  Así lo revelan los diálogos que iniciaron ayer los bloques parlamentarios para reformar la Constitución y la Ley de las Fuerzas Armadas.

El PSC, ID, Pachakutik, DP y PRE coinciden en la necesidad de hacer una reforma para precisar la participación profesional de los militares en la institucionalidad del país, pues no es posible –agregaron– que en momentos de crisis se constituyan en deliberantes.

También quieren aplicar sanciones drásticas a todo miembro de las Fuerzas Armadas que intervenga en asuntos políticos mientras esté en servicio activo.

Los bloques legislativos iniciaron diálogos para reformar la Constitución y la Ley de las Fuerzas Armadas para frenar la participación política de los militares en momentos de crisis.

Diputados del PSC, ID, Pachakutik, DP y PRE coinciden en la necesidad de hacer una reforma profunda para precisar su participación profesional en la institucionalidad del país, pues no es posible –agregaron– que en momentos de crisis se constituyan en deliberantes y traten de definir la suerte de los ecuatorianos.

Pero no solo se pretende impedir la participación político militar, sino también aplicar sanciones drásticas a todo miembro de las Fuerzas Armadas que intervenga en cuestiones políticas mientras esté en servicio activo.

El jefe de bloque de Pachakutik, Julio González, destacó que en las reformas se busca evitar que los militares cumplan un papel de árbitros de la democracia en el país, como sucedió el 20 de abril pasado, cuando dudaron en obedecer al nuevo Jefe de Estado que fue ratificado por el Congreso Nacional, tras la caída del coronel Lucio Gutiérrez.

La misión de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), debe ser la defensa de la unidad nacional y de la integridad del Estado; “la idea sería que no queden con ningún margen de maniobra ni de discrecionalidad para interpretaciones que en un momento dado les permita decidir sobre el respaldo o no a un mandatario”, aseveró Luis Fernando Torres (PSC).

Dijo que no se puede dejar a los militares “como vigilantes de la democracia, para impedir que siga sucediendo lo que pasó el 20 de abril, que quitan el respaldo a un Mandatario e inmediatamente le dan a otro, constituyéndose en deliberantes”, acotó.

En cambio, Ramiro Rivera, de la DP, planteó la necesidad de eliminarles el rol de garantes del ordenamiento jurídico, porque esa garantía la da el poder público y no el arbitraje o intervención de las FFAA.

Agregó que los militares no pueden ser deliberantes y deben dedicarse a su tarea profesional en relación a la preservación de la seguridad nacional, soberanía y su carácter de obediente.

“Las Fuerzas Armadas no están para hacer escenarios y nadie les ha dado el papel para que en momentos de crisis política y convulsión social establezcan los escenarios e impongan las fórmulas”, dijo.

El roldosista Ernesto Valle  manifestó que en la ley se debe establecer con dureza sanciones con reclusión para aquellos militares que se salgan del lineamiento democrático, y así evitar bochornosos incidentes como el que sucedió el 20 de abril pasado.

Indicó que se debe dejar constancia en las leyes que bajo ninguna circunstancia la fuerza pública tendrá capacidad de interpretar la Constitución, porque es una función exclusiva del Congreso.

El debate respecto a lo que será una reforma nace en medio de las indagaciones que hace la fiscalía en torno a las actuaciones militares y policiales el 20 de abril, cuando se dejó sin resguardo al presidente Alfredo Palacio y un supuesto golpe de Estado.

EN LA CURUL

Resolución
A los cuarenta días del derrocamiento del ex mandatario, coronel Lucio Gutiérrez, ocurrido el 20 de abril pasado, el Congreso aprobó una resolución que rechazó los actos violentos por parte de la Fuerza Pública en contra de los protagonistas de las jornadas de protesta.

Solidaridad
La resolución, que fue aprobada con 49 votos de 67 presentes, también se solidariza con las víctimas de la represión y sus familiares; y exhorta al Ejecutivo y a la Procuraduría del Estado a responder por los daños ocasionados.

Pedidos
El texto, que fue presentado por el diputado Ricardo Ulcuango (PK), pidió al Ministerio Público que continúe con las  investigaciones  para dar con los responsables y cómplices de la represión. Finalmente, pidió al Ejecutivo iniciar una inmediata depuración de la Policía.

Comparecencias
Para el 14 de junio próximo se fijó la fecha de comparecencia al Congreso de los ministros de Defensa, Solón Espinosa, y de Gobierno, Mauricio Gándara, para que expliquen y presenten los informes respecto a los hechos que se suscitaron el 20 de abril pasado en la Ciespal. La comparecencia la solicitó el diputado socialcristiano Luis Fernando Torres.

Resolución contra hechos violentos

Luego de 40 días  del derrocamiento del ex mandatario Lucio Gutiérrez, el Congreso aprobó una resolución que rechazó a la represión a los autodenominados ‘forajidos’ por parte de la Fuerza Pública.

La resolución fue aprobada con 49 votos de 67 diputados presentes. Mientras en la Fiscalía de Pichincha el alto mando policial se presentó y ofreció su colaboración para dar con los uniformados que presenciaron hechos violentos, sin hacer nada.