El contralor subrogante del Estado, Genaro Peña, anunció ayer que examinará las declaraciones juramentadas de bienes de todos los funcionarios del régimen de Lucio Gutiérrez, que fueron destituidos de sus cargos el pasado 20 de abril.

Indicó que si en esos documentos se evidencia un incremento no justificado de su patrimonio, se les concederá 60 días a partir de la entrega de los informes para que presenten los justificativos o la Contraloría presumirá indicios de enriquecimiento ilícito y remitirá los casos a la Fiscalía.

Aunque no especificó el rango, nivel ni cargo de los ex funcionarios que serán auditados, Peña aclaró que su decisión se respalda en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución y en la Ley que Regula las Declaraciones de bienes.

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Mediante un comunicado, el Contralor indicó además que todos los ministros del gobierno de Alfredo Palacio ya presentaron sus declaraciones de bienes.