¿Puede el actual Congreso lavar una imagen deteriorada y maltrecha por los continuos errores de sus diputados?
¿Puede hacer olvidar a los ecuatorianos que durante años ha sido la institución nacional que mayor desprestigio ha acumulado sobre sí?

Como dijimos en un artículo anterior, la responsabilidad es de los diputados; y detrás de ellos, de los partidos políticos.

Ningún gobierno en los últimos veinticinco años, salvo alguna excepción, ha tenido una mayoría partidista en el Congreso. Esto obliga a los pactos; ya que no, a eventuales alianzas. Y esos pactos han sido antojadizos acuerdos de mutuos beneficios, a veces bajo instigación de chantaje.

Los pactos son perfectamente legítimos, siempre y cuando señalen líneas de convergencia de criterios políticos que por origen o propósitos aproximan unos partidos a otros.
Generalmente se los establece antes de que un presidente asuma el poder, y se entiende que se busca no solo una  gobernabilidad sino sacar adelante aspiraciones programáticas con indudables puntos de coincidencia.

Entre nosotros, como se sabe, se limitan a un reparto de funciones o de cargos a través de los cuales un partido puede sacar ventajas de todo orden sin la más mínima preocupación por el Estado o la comunidad. Es como si quisieran ganar por triquiñuelas o artificios lo que los ciudadanos les han negado en las urnas.

Desprestigian, pues, la legitimidad del pacto, y cuidando que nada quede como rezago de esas acciones acomodaticias, lo pactado es a viva voz y no a través de algún documento escrito.

Se entiende la vergüenza por solicitar cargos o simples empleos menores para familiares y amigos, se entiende que repartos de tal o cual naturaleza no deben fijarse en algún papel, se entiende que tratándose de canonjías o de otros provechos personales no debieran existir por alguna parte resúmenes con firmas que a la postre resulten acusatorios.

¿Es esta la única forma de hacer política en el país? No lo creemos, como de modo igual resulta sorprendente que diputados electos por tal o cual tienda partidista renuncien a ella para acogerse a las ventajas de una independencia programática, cuando lo que en verdad debieran hacer es excusarse de continuar como diputados, siendo evidente que esa declaratoria de independencia no es otra cosa que una alineación tras el Gobierno de turno.

Pero si muchos de estos diputados traicionan al partido que los aupó, sin tapujos traicionan a sus electores, a los que no rinden cuenta, como si la elección fuera un hecho del que se consideran plenamente merecedores.

El actual Congreso hace y deshace con la misma suficiencia que aquel que tuvo otra mayoría un mes atrás. ¿Dónde está la diferencia entonces?

Se comprende que la inmensa mayoría de los ecuatorianos desconfíe del actual Congreso como desconfiaba de los anteriores. Y se comprenden, también, las múltiples voces de rechazo y hasta de viva intolerancia por las decisiones que asume.

¿Tomará el señor Alfredo Palacio alguna medida para subsanar estos errores? Después de todo, una refundación de la República obliga a inmediatos cambios.