Los reportes que la Comisión Cívica de Control de la Corrupción (CCCC) envió al Comité de Excusas y Calificaciones del Congreso sobre los diputados Édgar Ortiz (ex Prian) y Marcelo De Mora (DP-UDC) solo sirvieron para iniciar las investigaciones.

Aunque en ambos documentos se establecen indicios de infracción al Código de Ética del Congreso, la Comisión debe iniciar un proceso que no toma menos de 25 días.

El director ejecutivo de la CCCC, Alfredo Alvear Enríquez, ratifica que es el Comité quien debe decidir el valor que le otorga a ambos informes. En igual sentido se pronunció el presidente de la entidad, Ramiro Borja y Borja.

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El diputado Pascual del Cioppo (PSC), vicepresidente del Comité de Excusas y Calificaciones, afirmó que los informes tienen un “valor referencial” y que la Comisión no tiene competencia para decidir si se violó o no el Código de Ética del Congreso.

Agregó que en el caso del diputado De Mora más peso tienen las publicaciones de prensa en las que acepta haber gestionado cargos públicos, que el informe de la CCCC.

Según la Comisión Anticorrupción, De Mora tramitó nombramientos y contratos para seis familiares en distintas entidades públicas.

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“De la investigación se desprende que existen indicios de que el diputado incurrió en las prohibiciones que constan en el art. 135 de la Constitución, que prohíbe a los diputados gestionar nombramientos para cargos públicos. El Código de Ética de la Legislatura, en su artículo 6, sanciona la infracción referida con la pérdida de la calidad de diputado”, añade el comunicado de prensa de la entidad.

El pasado 5 de mayo, la Comisión determinó también “que existen indicios de enriquecimiento ilícito, violación al Código de Ética de la Legislatura e incumplimiento del Reglamento para la declaración jurada de bienes” contra el ex prianista Édgar Ortiz.