Próximas fallas en el fluido eléctrico amenazan con presentarse por la desatención de dos factores importantísimos: el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en la ciudad y la inversión para garantizar la distribución de esa energía que se demanda.

No son estas imprevisiones las únicas sombras en el panorama de la eléctrica; inestables administraciones y sus lógicas consecuencias, así como su incierta situación jurídica hacen que no sea fácil encontrar una salida.

Sin duda, habrá varias soluciones posibles –hay quienes recomiendan pasar su administración a un operador privado–, pero por una cosa hay que empezar: el Estado debe definir la situación jurídica de la empresa eléctrica, cuyos bienes al momento se encuentran en litigio porque dos fideicomisos reclaman su propiedad.

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Teniendo claro que el servicio de la energía eléctrica es básico y por lo tanto vital, no solo por ser indispensable para las actividades cotidianas de la ciudadanía sino también para el sector productivo, los sectores involucrados y el Gobierno están obligados a encontrar una solución idónea, efectiva y de largo alcance, para este problema de interés público que no admite postergación ni medidas parche.