Quejas por supuestos incumplimientos de Petrobras

A las 11h00 del martes 17 de mayo, una veintena de colonos de Chiroisla, cabecera parroquial de Augusto Rivadeneira, cantón Aguarico, esperaba con desengaño la llegada de “los de Petrobras”. Los directivos de esa empresa brasileña les habían ofrecido que desde la víspera darían trabajo a unos 30 comuneros, quienes se emplearían en la colocación de postes para la electrificación de la zona.

Chiroisla, poblado de unas 20 casas de madera, está a un kilómetro del muelle y campamento de Petrobras, instalado hace unos seis meses luego de desbrozar la tupida maleza y grandes árboles de la amazonia. Ahí, a cuatro horas en bote desde Coca, por el río Napo, el trajín es intenso. Dos grandes gabarras están ancladas mientras se desembarca maquinaria, camiones, tubos y otros materiales.
Guardias privados y militares con fusiles vigilan en diversos puntos. Es como si uno se acercara a la frontera de otro país.

Fidel Noa, vicepresidente de la junta parroquial de Augusto Rivadeneira, es uno de los que espera por trabajo. Él afirma: “Desde febrero nos tienen así, esperando. No se nos toma en cuenta para la mano de obra a pesar de haber firmado convenios. Estamos junto a sus instalaciones y no ocupan”.

Aquella es solo una de las quejas de los colonos, de ambientalistas e incluso autoridades de Orellana, sobre Petrobras, empresa que logró la concesión para explotar petróleo en el Bloque 31, en el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez.

Petrobras consiguió además permiso para talar árboles en esa zona prohibida y construir una carretera de 54 km hasta el corazón del Parque Nacional Yasuní, reconocido por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera.

La aprobación de la licencia ambiental, con fecha 19 de agosto del 2004, por parte del entonces ministro de Ambiente Fabián Valdivieso, es considerada por los ecologistas como irregular.

Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica, dice que en su afán de lograr el permiso, la petrolera dio becas a funcionarios del Ministerio de Ambiente, “lo cual está prohibido”. Hugo Geampaoli, gerente de Petrobras Ecuador, reconoce que se entregaron dos becas para maestrías, “pero fue por solicitud oficial del Ministerio”.

Geampaoli afirma que la licencia se consiguió con el visto bueno del Grupo Asesor Técnico (GAT) del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, el 25 de noviembre del 2004, David Romo, miembro del GAT, y otros 56 investigadores nacionales y extranjeros presentaron un informe que cuestiona esa adjudicación y solicitaron un recurso de amparo contra esa licencia. El dictamen fue favorable a la empresa.

La presión siguió y en marzo pasado, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional (TC) solicitó a la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo (con despacho en Quito) que proceda a la revisión de ese fallo.

Petrobras firmó convenios con los comuneros para dotarles de trabajo, agua potable, energía eléctrica y proyectos productivos. Frente a las quejas por incumplimiento, el gerente de la petrolera explica que “todo está en marcha” y que los planes de electrificación esperan la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Luego de la instalación del muelle y el campamento a orillas del Napo, Petrobras lleva construido un tramo de 10 km de la vía al Yasuní. Hace un mes, la empresa ingresó dos barcazas por el río Tiputini, con equipos para abrir otro frente de trabajo, pero el Ministerio de Ambiente lo prohibió.

“Hubo confusión. La maquinaria era para colocar un puente. Hemos acatado la disposición por ahora”, afirma Hugo Geampaoli, quien defiende la labor de su empresa, “porque cumple con todas las normas técnicas”.

Alexandra Almeida, coordinadora de área de petróleo de Acción Ecológica, señala que la oposición a que Petrobras opere en el Yasuní tiene respaldo mundial, porque el 70% del bloque está en la reserva. Además señala que es mucho el daño que se hace a la biodiversidad para extraer unos 30 mil barriles de petróleo al día. Geampaoli considera que es una producción suficiente para recuperar la inversión, estimada en 133 millones de dólares. Al momento se han perforado cuatro pozos.

Ahora, Geampaoli abre un nuevo frente de polémica. Anuncia que la empresa no entregará los 3,5 millones de dólares que se había comprometido a proporcionar para el cuidado del Parque Yasuní.

“No es un convenio. Se habló de esa posibilidad pero ahora nosotros invertiremos directamente en unas casetas de observación y un centro de interpretación”, dice.

Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica, y Manolo Morales, director del Comité Ecuatoriano de Defensa de la Naturaleza y Medio Ambiente (Cedenma), afirman que es una burla más de la petrolera.

En el Bloque 31 viven indígenas huaorani. Por eso, Moy Enomenga, uno de sus líderes, pidió en Washington (EE.UU.), la semana pasada, la intervención de Carolyn Maloney y Jim Leach, miembros de la Cámara de Representantes, y Trevor Alleyne, de la oficina para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. El objetivo, que promuevan la suspensión de la carretera al Yasuní.
Mientras, en la selva, la maquinaria avanza incontenible.