El máximo jefe de los escuadrones paramilitares de Colombia anunció el viernes que continuarán en la mesa de negociación con el gobierno pese a la orden de captura contra uno de sus dirigentes que se encuentra prófugo y pidió que se suspenda esa medida judicial.
 
"Insistimos, (...) haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para continuar con esta empresa de la paz", dijo el jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, en una entrevista con Radio Caracol.
 
"Ya si se sobrevienen hechos o circunstancias insalvables que hagan imposible la continuidad de ese proceso, aspiramos nosotros que esos obstáculos no provengan de la organización", agregó, en referencia a las AUC. 
 
Las declaraciones del jefe paramilitar aclararon el posible futuro del proceso de paz con el que se se busca que unos 20.000 combatientes de esos escuadrones, acusados de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas, depongan las armas antes de que finalice este año.
 
La crisis en la negociación entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y las AUC, la peor desde que se inició el proceso a mediados del 2003, surgió el martes cuando el mandatario autorizó el ingreso de la policía a una zona especial en donde permanecen concentrados los jefes paramilitares para capturar a Diego Fernando Murillo.
 
Murillo, de 44 años, conocido con los alias de Adolfo Paz o Don Berna, fue acusado por la Fiscalía de haber ordenado el asesinato de un político en el departamento de Córdoba y de dos de sus acompañantes, en abril pasado.
 
El jefe paramilitar, quien se fugó y es buscado en una amplia zona del país por las fuerzas armadas, permanecía en Santa Fe de Ralito, en Córdoba, un caserío en medio de una zona de 368 kilómetros cuadrados --similar al área de Santiago de Chile--, en donde están los líderes y negociadores de esos escuadrones con sus escoltas.   
 
Prófugo paramilitar no se someterá a la justicia
Duque pidió al gobierno suspender la orden de captura contra el prófugo jefe paramilitar y anunció que este no se someterá a la justicia.
 
"Es absolutamente descartable desde todo punto de vista que después de los sucesos y los acontecimientos que el país conoció en las últimas horas el comandante Adolfo Paz vaya a someterse a la justicia", aseguró.
 
"Que la orden de captura sea suspendida, es que que no se trata de un ciudadano común y corriente, es un negociador de paz, es un hombre que es comandante de unos de los bloques más importantes de esta organización", afirmó Duque, quien dijo que Murillo dirige a unos 4.000 combatientes.
 
Pese a la solicitud del jefe paramilitar, una fuente del gobierno señaló que la orden de captura no se suspenderá, que la única alternativa que tiene Murrilo es entregarse a la justicia y que las autoridades militares y de Policía no descansarán hasta lograr su arresto.
 
La compleja negociación es cuestionada por grupos de derechos humanos que temen que la misma abra paso a la impunidad debido a que un proyecto de ley contempla penas de entre dos y ocho años de cárcel para jefes paramilitares acusados de delitos de lesa humanidad como masacres, asesinados, torturas y desapariciones.
 
Pese a la complejidad del proceso en el desarrollo del mismo cerca de 5.000 combatientes paramilitares han entregado las armas y se han reintegrado a la vida civil.
 
Los paramilitares son grupos armados ilegales que surgieron en la década de los 80 con el apoyo económico de ganaderos, comerciantes, hacendados y narcotraficantes para defenderse de los ataques de la guerrilla.
 
Actualmente son considerados por Estados Unidos como una organización terrorista, acusados de contar con el apoyo de algunos sectores de las fuerzas armadas y de financiarse con recursos del narcotráfico, al igual que la guerrilla.