El ex magistrado dijo que es víctima de retaliaciones, pero aclaró que no son por parte de Febres-Cordero.

Con look diferente, esta vez luciendo barba, aunque bastante corta, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Guillermo Pichi Castro Dáger, llegó ayer a las 10h00 al Juzgado 12º de lo Civil de Guayaquil, ubicado en el 3º piso del Palacio de Justicia.

Castro Dáger concurrió a la audiencia convocada por el juez 12º de lo Civil, Pedro Iriarte Suárez, sobre el recurso de amparo constitucional que el ex magistrado de la Corte Suprema presentó el pasado 18 de mayo, en contra de la ministra fiscal subrogante, Cecilia Armas, con el propósito de que le fuera revocada la prohibición de salida del país, que dicha representante del Ministerio Público dictó el pasado 20 de abril.

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El acto procesal fue de carácter reservado y se impidió el acceso a  periodistas y cronistas gráficos. Cual devoto, Castro Dáger colocó sobre la mesa de discusiones, frente a él, una imagen del Divino Niño y escuchó las exposiciones tanto de César Morales Naranjo, representante de la fiscal Cecilia Armas, como de su defensor, el jurista Antonio Elizalde Pulley, pariente de María Rosa Pulley, esposa del líder roldosista Abdalá Bucaram  Ortiz.

Elizalde Pulley hizo un extenso alegato de más de una hora a favor del Pichi Castro. No se escuchó qué decía porque estaban a puerta cerrada. El juez Iriarte Suárez solo oía a los expositores, y a ratos se levantaba para mirar lo que escribía su secretaria.

El ex magistrado Castro Dáger también habló y repentinamente elevó el tono y dijo: “Para que nunca más se deba perseguir a un Presidente de la República”. Y dirigiéndose al abogado de la Fiscalía, agregó: “Ustedes lo que quieren es llevarme a Quito como trofeo”.

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El Pichi Castro a ratos se levantaba de su asiento y miraba sus dos celulares que había colocado sobre una pequeña mesa, junto a un televisor del juzgado. Revisaba los mensajes que le  llegaban y luego se sentó a escuchar las exposiciones. El juez solo lo veía y nada decía.

Continuamente conversaba en forma secreta con sus abogados, Antonio Elizalde y Jaime Anthony Pazmiño.

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Al terminar la audiencia explicó que el recurso  de amparo constitucional lo que buscaba era la revocatoria de la orden que dio la ministra fiscal subrogante, el 20 de abril, cuando dispuso que la Policía le prohibiera la salida del país, basada en el artículo 206 del Código Penal. “Pero esa orden tiene efecto de solo seis horas.
Han pasado 35 días,  es decir 840  horas, y la señora fiscal no le oficia a la Policía que ya pasó el tiempo de vigencia. En base al derecho he pedido la revocatoria de esa orden”, reiteró.

El ex magistrado afirmó que le pidió a la fiscal le diera copias de las siete indagaciones que hay en su contra y que esta le negó ese pedido. “También le solicité que me tome la versión, porque cuando yo hable se van a escandalizar de lo que diré”.

Dijo ser víctima de pasiones, traiciones y retaliaciones políticas. Pero quiero dejar bien aclarado que dentro de esas retaliaciones no está el ingeniero León Febres-Cordero, porque él ha sido solidario conmigo”, destacó.