Policía necesita sistema balístico

El programa para almacenar datos sobre armamento legal o ilegal está valorado en un millón de dólares.
 
La Policía Nacional aún no ha determinado la procedencia del revólver calibre 38 de fabricación nacional que utilizó un estudiante del colegio Sir Francis Bacon para asesinar a su compañera María Isabel Bustamante Reyes, el 10 de mayo pasado, debido a que la institución no tiene registros de las armas ilegales que circulan en Guayaquil.

El mayor Enrique Espinosa de los Monteros, jefe del Departamento de Criminalística de la Policía, aseguró ayer que la falta de información sobre el armamento ilegal en el banco de datos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G) dificulta las investigaciones sobre crímenes y asesinatos en el país.

“La Policía Judicial recoge el arma homicida y la envía a Criminalística para saber si está involucrada en un hecho delictivo. Si el arma es legal y consta en los registros como tal, entonces se verifica la identidad del propietario y se envía a la Fiscalía,  sino la indagación se alarga”, indicó Espinosa de los Monteros.

Según el oficial, es necesario adquirir el Sistema de Almacenamiento de Datos Balísticos (IBIS, por sus siglas en inglés), que cuesta aproximadamente un millón de dólares, el cual permitirá integrar la información de todas las entidades de control policial.

“En Criminalística trabajamos manualmente  basados en el conocimiento de la gente que dice que esta pistola decomisada a una banda peligrosa también estuvo involucrada en un asalto o en un asesinato, luego de lo cual abrimos un proceso”, afirmó, a la vez que  puntualizó que por esto la  labor es lenta.

En el sistema IBIS se ingresan los datos de las personas que tienen armas y sus huellas dactilares. Cuando se requiere información sobre el armamento, se ingresan datos de posibles propietarios y, a través de las huellas  almacenadas en el  sistema, se determinan probables responsables.

Según Espinosa de los Monteros, esto facilitará las indagaciones sobre la procedencia de las armas, que en el caso de la utilizada en el asesinato de la estudiante, de 18 años,  aún se ignora.

“Si tuviéramos esas facilidades podríamos indicar a los fiscales lo que sucedió con determinada arma. Hoy hay que esperar a que las Fuerzas Armadas informen a la Policía sobre el armamento para que ella nos traiga la información y poder clasificarla”, manifestó.