El gerente de Gasespol, Carlos Cevallos, indicó que respetará la decisión del ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, quien frenó la importación de 5.000 pistolas Glock que iban a ser adquiridas por esta empresa para la venta a oficiales de la Policía en forma particular.

Las pistolas iban a ser adquiridas a un precio de $ 333 cada una y más el transporte y la implantación de un chip su costo ascendía a $ 700, explicó Cevallos. Las armas serían vendidas a los gendarmes en $ 740, es decir que el negocio ascendía a $ 3,7 millones y la ganancia para Gasespol sería de $ 200 mil.

Gándara indicó, el lunes pasado, que la decisión de descartar esa importación se tomó tras analizar que los agentes deben tener armas facilitadas por la institución y no compradas por ellos, a título personal.

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Gasespol es una empresa de economía mixta, autorizada por decreto presidencial en diciembre del 2003, cuyas acciones se dividen así: el 67% de la Policía y el 33% restante de Cevallos.

El representante legal de Gasespol explicó que cuando Jorge Poveda era comandante de la Policía pidió al entonces ministro de Gobierno, Jaime Damerval, que solicitara al ministro de Defensa, Nelson Herrera, que se dé trámite a la solicitud de importación en el Comando Conjunto de las FF.AA.

Aclaró que el proceso estaba a nombre de Ocileb, representante de Glock Austria, y que Gasespol era un facilitador de la compra.

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Cevallos justificó la necesidad de dar armas a título personal a los oficiales, porque las de dotación se utilizan solo durante la jornada de trabajo. La idea, sostuvo, era que los policías las usen fuera de horas laborables como defensa personal.

El director de Logística de la Policía, general Enrique Amores, señaló que la institución no participó en el proceso de importación sino Gasespol.