Una fianza de 8.000 dólares calificó ayer el juez 7º de lo Penal del Guayas, Jorge Guzmán Navarrete, a favor de Wilma Salgado Tamayo, ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), involucrada en una causa de supuesto prevaricato.

Luego de que el juez Guzmán la llamara a juicio y ordenara su detención en firme, el pasado 16 de mayo, acusada por el fiscal José Coellar Punín de haberse arrogado funciones (prevaricato) al ordenar, como juez de coactivas, el 16 de junio del 2003, la incautación de bienes de la compañía Faproban, Familia productora de Banano S.A. (propiedad de Juan José Pons Arízaga), la ex funcionaria de la AGD propuso el pago de una fianza.

En la providencia de ayer, el juez destacó que como el delito de que se la acusa es susceptible de caución, le impuso la fianza correspondiente a 2.000 salarios mínimos vitales, según lo que establece la ley (Código Penal).

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El llamamiento a juicio destacaba que Salgado Tamayo, como jueza de coactiva, estaba obligada al conocimiento de la norma jurídica. En el dictamen el fiscal Coellar refirió que Salgado nunca rindió su versión, por lo que el juez Guzmán consideró que existían graves presunciones de responsabilidad en el delito supuestamente cometido.

Hasta ayer, el juez no concedía los recursos de nulidad y apelación que Wilma Salgado planteó el pasado 19 de mayo, para que una de las salas de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil analice el llamamiento a juicio dictado por Guzmán.