¿Hubo o no un golpe de Estado? Esa debió haber sido la pregunta más importante formulada al haberse cumplido el primer mes de la caída de Lucio Gutiérrez, sin perjuicio de toda la cobertura dedicada a la revuelta popular quiteña, cuya atención acaparó el análisis informativo de los hechos de abril. Pero como ahora conocemos incluso la existencia de un acta firmada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la noche del 19 de abril, vale preguntarse si el retiro del apoyo no fue sino el epílogo de un proceso militar-político previsible.

El entonces Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha señalado que se tomó una decisión inédita en la historia, lo cual no es cierto pues basta revisar los hechos de las tres últimas caídas presidenciales para demostrar cómo el retiro de apoyo militar se ha convertido en un factor clave y decisorio en la salida de los gobernantes.

Puede alegarse que era un caso de fuerza mayor, en el cual los hechos desbordaban cualquier rigor constitucional, mas hay que aceptar entonces que estamos frente a circunstancias repetitivas que han inducido a las Fuerzas Armadas a asumir un rol no previsto en la Constitución, teniendo razón el mismo ex jefe del Comando Conjunto al señalar que no son los culpables de los problemas políticos, lo que en el fondo significa que el retiro del apoyo se ha convertido en vía alternativa, no constitucional, asumida por las Fuerzas Armadas ante el despelote permanente que significa la gobernabilidad en este país.

¿Y después se sorprenden de que las Fuerzas Armadas puedan estar politizadas en ciertos niveles? ¿No es aquello consecuencia de la inacción civil? Vamos, no seamos tan hipócritas, pues aquellos que pedían a gritos que las Fuerzas Armadas retiren el apoyo a Gutiérrez son los primeros que se rasgan las vestiduras al advertir que cada gobernante trata de mantener oficiales de confianza en los altos cargos de la institución, como si acaso eso eliminara cualquier foco de posible inestabilidad. El reciente relevo del Comandante del Ejército manifiesta la carga política que acarrean los nombramientos del Comando Conjunto, hecho que está inevitablemente ligado a esa potestad de retiro de apoyo, posiblemente ni siquiera anhelada por las Fuerzas Armadas, más bien aceptada con resignación y facilismo por la clase política y la sociedad civil, quienes no han podido plantear un mecanismo constitucional que viabilice el retiro de apoyo a un gobernante por decisión popular, no militar.

Si creemos en unas Fuerzas Armadas alejadas del protagonismo político, concedamos espacio y tiempo suficiente para cuestionar su rol dirimente en las recientes crisis políticas; si lo que se pretende es otorgar el poder a la institución militar para que retire el apoyo a un gobernante cuando así lo exijan las circunstancias, tengamos la valentía de incorporarlo así en la Constitución, legalizando entonces esa especie de tutelaje democrático. De lo contrario, restemos importancia a tales hechos, sigamos hablando de los forajidos, no nos sorprendamos cuando se refieran a la politización de la institución militar y empecemos a pronunciar con claridad “coup d’État”, que es en otro idioma pero suena bonito y eso a las finales es lo que nos gusta.