Miles de manifestantes de diversos sectores sociales marcharon ayer en las ciudades de La Paz y El Alto en demanda de la anulación de la nueva ley de hidrocarburos y en contra de un referendo vinculante sobre autonomías en Bolivia.
Maestros, universitarios, mineros, vecinos y trabajadores confluyeron en la  principal avenida paceña para exigir la “nacionalización sin indemnización” de  los hidrocarburos bolivianos.

Las protestas tienen lugar tres días después de que el Congreso promulgara una ley de hidrocarburos que devuelve al Estado mayores poderes en el negocio petrolero.

Los marchistas pidieron, además de una Asamblea Constituyente, la renuncia del acorralado presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso. Dos periodistas de la cadena privada Bolivisión fueron agredidos.

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Una organización de vecinos de El Alto, comunidad indígena aymara, aledaña a La Paz, convocó mañana a una huelga general e indefinida.

En El Alto está el aeropuerto de La Paz y conecta a la sede del gobierno boliviano con el resto de Bolivia y al occidente y centro del país con Perú y Chile.

Mientras, la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciará mañana la revisión de los contratos de las transnacionales del sector que operan en el país, como resultado de la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos.