Congreso Nacional no anuló las acciones de la ‘Pichi Corte’

La elección de nuevas autoridades en el Legislativo y la definición de un mecanismo para elegir a los  jueces es lo que ha logrado hasta ahora el Parlamento. Con la destitución de la CSJ el 8 de diciembre pasado se inició la crisis política en el país. En esos días también se reestructuró el TC y el TSE.

Al mes de la caída del ex mandatario, Lucio Gutiérrez, el Congreso Nacional ya definió el mecanismo de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no pudo ratificar la nulidad de la resolución que adoptó el Parlamento el 8 de diciembre del 2004, por lo tanto las actuaciones de la ‘Pichi Corte’ gozan de la presunción de legitimidad.

La reforma aplicada al artículo 12 de la ley de la Función Judicial fue enviada ayer al Registro Oficial para su publicación, donde se establece el procedimiento que se aplicará para seleccionar a los candidatos a magistrados en un plazo de 90 días, con la participación de un comité de calificación y de veedurías nacionales e internacionales.

La aprobación del proyecto provocó un cisma en la Izquierda Democrática cuando el legislador Carlos González alertó que la Corte de 31 magistrados continuará bajo el reparto político; lo que pone en riesgo el acuerdo con el Partido Social Cristiano y el movimiento Pachakutik, con quienes vienen actuando juntos desde enero pasado.

La mayoría legislativa, en un mes, renovó sus autoridades legislativas, descalificó a quince diputados que actuaban junto a Gutiérrez, y aprobó la reforma judicial.

En el otro sector se mantienen como minoría el PRE, Prian, CFP y SP, quienes no se recuperan de la arremetida del PSC, ID, PK, PSE, DP, MPD y varios independientes que mantienen cercados a los ex gutierristas.

Pero, según Ernesto Valle (PRE), en el apuro de la aprobación de la ley al PSC, ID y PK se les escapó la objeción que hizo el Ejecutivo en la disposición transitoria séptima donde sacó del texto aprobado por el Congreso que declaraba la nulidad de la resolución del 8 de diciembre, lo cual podría haber anulado 154 sentencias dictadas por la Corte presidida por Guillermo Castro.

Consecuentemente, quedan ratificadas todas y cada una de las providencias y sentencias de la Corte de diciembre del 2004, “donde existía mucho dinero como el caso Andrade-Gutiérrez y del ex dueño del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel”, acotó.

El diputado socialcristiano Luis Fernando Torres afirmó que al no haber sido declarada nula la resolución del 8 de diciembre del 2004, “las actuaciones de la Corte de facto gozan de la presunción de legitimidad” y en algunos casos esas providencias se han ejecutado y en otros no.

En el caso del ex mandatario Abdalá Bucaram, no se ejecutan las providencias porque a criterio de la Ministra Fiscal al haber apelado se evitó que se ejecutoríen, lo cual no significa que sean nulas, dijo.

Fue un error del presidente Palacio, agregó, haber vetado la norma del proyecto que aprobó el congreso con 60 votos, donde se declaraba nula la resolución del 8 de diciembre del 2004; pues la intención, según Torres, era aclarar que era nula la resolución de diciembre, para que se pueda fácilmente demandar después la nulidad de otros actos de la ‘Pichi Corte’. Pero con lo resuelto por el Congreso se mantiene intacto el andamiaje jurídico sobre el cual se sostuvo la Corte presidida por el roldosista Guillermo Castro Dáger. 

La resolución que aprobó el Parlamento el 17 de abril pasado únicamente dejó sin efecto la resolución de diciembre, pero no anuló la actuación que tuvo la Corte de Castro, dijo.

El prianista Vicente Taiano afirmó que al no ratificar la nulidad de la resolución de diciembre mantiene en firme las acciones de la CSJ, pero aclaró que existe un recurso de hecho presentado por la Ministra Fiscal, en el caso de Abdalá Bucaram, por lo tanto, el nuevo presidente de la Corte deberá resolver si da paso o no al recurso, “y si se determina que lo que Castro Dáger hizo es ilegal, una de las salas penales tiene que revocar el fallo”, puntualizó.