Hace apenas algunas semanas, cuando el ex presidente Gutiérrez tenía inconstitucionalmente bajo su control a las tres funciones del Estado, a través de un pacto que a la postre le costó el cargo, la gran mayoría de la opinión pública consideraba que la única forma legal de regresar al Estado de Derecho era mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial. No es cierto que el Congreso fue incapaz de resolver el problema. Lo que sucedió es que el ex presidente, a través de su entonces bloque de mayoría institucional, se encargó de bloquear de forma grotesca cualquier intento de dejar sin efecto el asalto a la Corte Suprema y a los tribunales Electoral y Constitucional. De allí que hasta unas cuantas horas antes del decreto que disolvió la Corte Suprema, Gutiérrez manifestó públicamente que no acataría una resolución del Congreso en ese sentido. La presión ciudadana y sobre todo, de su principal aliado del Norte, lo obligaron a dar marcha atrás.

Ahora que el Congreso en un tiempo récord aprobó en segundo debate la tan anhelada reforma, han surgido voces preocupadas por la posibilidad de  que se constituya una  “Corte interina” o peor aún, tribunales especiales. Ese pensamiento se ha materializado en el veto del presidente Palacio y, lamentablemente, la falta de credibilidad y carga negativa histórica de la mayoría de los congresistas, la ha hecho doblegarse y allanarse, en esa parte, al veto.

No es correcto que mientras dure el proceso de elección de la nueva Corte Suprema  de Justicia (lo cual no sucederá en menos de seis meses) los funcionarios públicos, que según la ley tienen fuero de Corte Suprema, gocen de una especie de luz verde para delinquir, por cuanto no habrá autoridad competente alguna que los juzgue. Por ello era fundamental que mientras se seleccione a los magistrados de la Corte Suprema, exista, por mandato legal, una solución temporal que nazca de la misma función Judicial para casos posteriores y puntualmente descritos en dicha ley. Estoy de acuerdo con que estos magistrados transitorios no deberían conocer importantes y delicados temas pendientes de resolución, como el caso de los ex presidentes de la República y el de algunos banqueros.

La politización y la corrupción de la función Judicial no se acabará solamente con el hecho de que los partidos políticos dejen de tener influencia en ella. Allí vendrán los otros políticos, los que no tienen partido pero están siempre en los gobiernos, financian campañas y, ahora forajidos, rondan los ministerios y consiguen jugosos contratos con el cuento de ser honorables y apolíticos; los acreedores del Ecuador y que gobierno tras gobierno buscan garantizar el pago puntual de sus bonos y que, dicho sea de paso, ya deben estar serruchando la silla del valiente ministro Correa. Ellos, a través de terceros, se encargarán de manejar las cortes con su gente dizque “apolítica”.

Capítulo aparte merece esa otra forma de corrupción que es el tráfico de influencias en las cortes de Justicia del país, práctica de la que se sirvieron y en la que han incurrido reiteradamente muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras, precisamente por la melancolía de tiempos idos y con el afán de volver a sus andanzas. ¿Por qué estas protestas no se dieron cuando ellos usufructuaban de lo que hoy critican?

Seamos positivos y aportemos con ideas posibles y pragmáticas para el rescate de nuestras instituciones democráticas. De lo contrario, luego de algún tiempo, el mismo pueblo que botó a Gutiérrez nos puede condenar por contribuir al caos de la nación y por servir ingenuamente a los intereses de los otros “políticos”, disfrazados de prohombres de la patria.