En una cita efectuada ayer, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) presentó a la presidenta del directorio de la entidad y directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena, y a Manuel Zapatier, del Comando Conjunto de las FF.AA., en representación del Ministerio de Defensa, el plan bajo el cual los militares saldrán de la entidad, en  dos meses.

Aunque los pormenores del proceso no fueron difundidos, el gerente de la CAE, Juan Reinoso, manifestó que será de manera organizada “porque no se trata de la desvinculación de personas sino de una institución que ingresó vía decreto presidencial”.

Si bien la reunión no fue de directorio, porque falta  designar a los delegados del Ministerio de Economía y de Comercio Exterior, Reinoso informó que se discutió la conveniencia de que la desvinculación se produzca también vía decreto ejecutivo.

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Mientras este proceso se realiza, funcionarios de la Contraloría General del Estado continuarán revisando documentos e informes financieros de la CAE y se prevé que a más tardar en julio emita un informe sobre la administración militar.

En el 2002  laboraban en la entidad 1.310 personas; actualmente hay 1.337. El incremento, explicó el gerente de la institución, se debe a que los turnos en las zonas de carga aérea (aeropuertos) se incrementaron a tres y las 24 horas; y a que en el puerto de Guayaquil, funcionarios de  aduanas hacen labores de tarja (conteo de contenedores), una tarea que deberá ser asumida posteriormente por Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG).

La salida de los 86 militares que cumplen funciones administrativas en los once distritos aduaneros del país, desde abril del 2003, fue notificada a fines del mes pasado y en una primera reunión con Elsa de Mena, el 2 de mayo pasado, se acordó hacerlo en un lapso de 60 días.

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La sesión de ayer también fue aprovechada para firmar contratos con once permisionarias que funcionan en Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y que trabajaban desvinculadas a la CAE.

Su situación, que intentó regularizarse durante once años, no permitía a la entidad ejercer control sobre ellas, ni obtener ingresos por sus operaciones. El acuerdo contempla que las ahora denominadas almaceneras temporales cancelen una regalía del 1% de lo que facturan y que entreguen garantías para poder operar en el puerto.

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Se estima que para las almaceneras pequeñas, el pago de regalías será de $ 29 mensuales y para las grandes, de unos $ 2.500. Los contratos estarán vigentes hasta diciembre de este año, pues la visión de APG es concesionar el Puerto Marítimo a partir de enero del 2006.

“Las bases que saldrán indudablemente estarán sustentadas en el tema aduanero y el portuario, para que bajo ningún concepto se olviden de que deben cumplir con la Ley Orgánica”, dijo Reinoso.

Entre las permisionarias están Ecuaestibas, Aretina y LG Ecuatoriana.