En ciertos casos son personas que ni siquiera tienen derecho legal para portar un documento así; en otros, aunque pudieran existir resquicios jurídicos que lo justifiquen, no se aprecia cuál fue la conveniencia de que a sus propietarios se les otorgue tal documento, sobre todo si consideramos que contra algunos de esos ciudadanos hubo  serias acusaciones de perjuicios al Estado.

Los pasaportes diplomáticos son una herramienta de trabajo que se concede exclusivamente a quienes representan al Ecuador en el cumplimiento de funciones específicas, y no un privilegio para negociaciones políticas. Un pasaporte diplomático en manos equivocadas hará mucho daño porque quienes lo poseen están revestidos de una inmunidad que solo se concede a los representantes de una nación. Si la “venta de la bandera” en 1895 dio inicio a una guerra civil, fue porque se consideró que la representación del Ecuador no podía encubrir asuntos privados.

No basta, entonces, con el anuncio de que todos estos pasaportes se cancelarán cuando sus dueños regresen. Su anulación deberá ser inmediata, y las personas involucradas tendrán que obtener en el más breve plazo un documento de reemplazo. Asimismo, los responsables de esta gravísima irregularidad tendrán que ser sancionados para sentar un precedente enérgico.