El juez 7º de lo Penal del Guayas, Jorge Guzmán, dictó ayer el auto de llamamiento a juicio contra la ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, acusada de un presunto prevaricato y dispuso que las autoridades de Policía ordenen su captura.

La causa penal señala, según una denuncia de Freddy Lainez, que la ex gerenta inició un proceso coactivo contra 759 personas naturales y jurídicas, cuyos nombres y razones sociales se publicaron en un diario nacional, el 13 de junio del 2003. Entre ellos se encontraba la compañía Faproban, de Juan José Pons Arízaga. 

El juez 7º de lo Penal del Guayas, Jorge Guzmán Navarrete, dictó ayer el auto de llamamiento a juicio contra la ex gerenta general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado Tamayo, acusada de un presunto prevaricato (arrogación de funciones).

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La resolución del juez refiere que Salgado como jueza de coactiva estaba obligada al conocimiento de la norma, por lo que considera que según lo actuado durante la instrucción fiscal, existen graves presunciones de responsabilidad en el delito cometido.

El juez Guzmán dispuso que las autoridades de Policía ordenen su captura y traslado al Centro de Rehabilitación Social. El juicio se suspende hasta que Wilma Salgado sea aprehendida. El juez también ordenó la prohibición de gravar y enajenar sus bienes.

La causa penal señala, según la denuncia de Freddy Lainez Morán, que la ex gerenta de la AGD inició un proceso coactivo contra 759 personas naturales y jurídicas, cuyos nombres y razones sociales se publicaron en un diario nacional, el 13 de junio del 2003, en contraposición con el Código de Procedimiento Penal, que establece que la citación debe hacérsela personalmente.

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Entre los enjuiciados en ese proceso coactivo, según la denuncia, se encontraba la compañía Faproban, Familia Productora de Banano, de Juan José Pons Arízaga.

Salgado –según la denuncia de Lainez– ordenó la incautación de los bienes de Faproban, “y como consecuencia de esta disposición, dictada el 16 de junio del 2003, el incautador de la AGD, Carlos Valverde Alcívar, estampó los sellos en las puertas de Faproban”.

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La supuesta infracción de Salgado fue investigada por el fiscal José Coellar Punín. El juez Guzmán sobreseyó provisionalmente a Carlos Chiriboga León, luego que el fiscal Coellar se abstuviera de acusarlo.

El pasado 21 de enero el juez 3º de lo Penal del Guayas, Reynaldo Cevallos, sobreseyó provisionalmente a Wilma Salgado y a Carlos Chiriboga León, involucrados en un supuesto prevaricato, que denunció Rafael Arízaga Vega, abogado de Pons Arízaga.

Wilma Salgado, por su parte, dijo que por consejo de sus abogados permanecerá en la clandestinidad hasta que se aclare su situación, pues dice que por esta misma causa se le siguieron dos juicios, y en uno de ellos ya fue sobreseída.

“Nadie puede ser juzgado por el mismo hecho dos veces. El juez tercero del Guayas ya me dio el sobreseimiento provisional”, dijo la ex gerenta de la AGD, quien asegura que siguió todos los pasos legales.

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