Andizán, en el este de Uzbekistán,  continuaba ayer en estado de sitio, acordonada por policías y militares, tras la  sangrienta represión de la insurrección del  viernes.

Al menos 600 personas murieron en las operaciones militares, según la responsable de la ONG uzbeka Animokur, Gulbahor Turdiyeva, quien afirmó que 500 cadáveres se hallaban en una escuela y otros cien en un colegio.

La cifra fue corroborada por profesores de Andizán, quienes dijeron que la población estaba  “aterrorizada”.

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Pero las autoridades uzbekas dieron un balance muy inferior: 70 muertos y 70 detenidos.

Es la peor crisis que ha enfrentado el presidente Islam  Karimov, que desde 1991 dirige este país de Asia Central,  rico en gas y con una base militar estadounidense.

La insurrección fue lanzada para protestar contra el proceso contra 23 personas acusadas de propagar ideas islamistas radicales.

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Ayer se multiplicaron las reacciones internacionales a la sangrienta represión de la insurrección, entre ellas del gobierno británico, de la organización no gubernamental Human Rights Watch y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).