Voceros del presidente Carlos Mesa anunciaron ayer que el mandatario no renunciará.

Miles de indígenas y campesinos marcharon ayer hacia La Paz desde diversos puntos del país en procura de una legislación de hidrocarburos que dé más poderes al Estado.

Formados en varias columnas, vecinos de la ciudad El Alto, próxima a La Paz y epicentro de una cruenta rebelión popular que hace 19 meses tumbó al  presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, descendieron por varias horas y diversas vías hacia el centro de La Paz.

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En la plaza San Francisco se montó un masivo mitin que congregó a más de 10.000 personas, que exigieron la “nacionalización de los hidrocarburos”, el cierre del Congreso, la renuncia de Mesa y elecciones presidenciales.

Las protestas colapsaron las actividades y estuvieron a punto de desbordarse cuando un grupo de mineros y campesinos intentó por la fuerza tomar el Congreso en la Plaza de Armas de La Paz, pero fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno, dejando dos heridos leves y cinco detenidos.

Los manifestantes llegaron a solo 200 metros del palacio Quemado y obligaron a evacuar el Palacio Legislativo y a redoblar el control militar.

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Antes del mediodía, el Movimiento Al Socialismo (MAS), del cocalero Evo Morales, lanzó a unos 800 labriegos sobre la carretera que une la localidad andina de Caracollo y la ciudad de La Paz.

Pero Morales, que intenta ejercer presión sobre el Congreso, fue impedido de llegar a La Paz por los cortes de vías de mineros que exigen mejoras sectoriales y la dimisión del mandatario. El líder indígena acusó a los mineros de querer sabotear su marcha.

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También los sindicatos de maestros urbanos y médicos paralizaron las actividades por mejores retribuciones.

El viceministro de Coordinación Parlamentaria, Carlos Agreda, enfatizó que el presidente Mesa, que carece de representación formal en el  Congreso, “no renunciará”.

Su colega de Justicia, Carlos Alarcón, insinuó que detrás de las movilizaciones conspira el partido de Sánchez de Lozada, radicado desde su caída en octubre del 2003 en Estados Unidos.

Un vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el diputado Luis  Eduardo Siles, muy cercano a Sánchez de Lozada, dijo que Mesa “tiene los días contados” si no toma una posición respecto a la ley de hidrocarburos.

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En uno de los peores momentos de su administración, Mesa se aprestaba a devolver con modificaciones puntuales la polémica ley de hidrocarburos, que establece impuestos del 32% a las transnacionales petroleras además del 18% del pago de regalías y propugna la revisión de todos los contratos, pues considera que  espantará la inversión extranjera y frenará el desarrollo de la industria petrolera.

Sectores sociales diversos y el MAS quieren que se imponga un 50% de impuestos a las petroleras extranjeras y reclaman recuperar el derecho de propiedad estatal sobre los hidrocarburos.