Acortar el plazo fijado para obtener resultados concretos, fijar una agenda temática específica y no limitar la discusión solo a las asambleas populares, son las tres condiciones que Jorge León y Virgilio Hernández, analistas sociales, recomiendan aplicar en el proceso de diálogo que impulsa el Gobierno para reestructurar el Estado.

El Comité de Gestión que se integró para desarrollar el proceso se reúne nuevamente esta semana y León, del Centro de investigación de los movimientos sociales del Ecuador, cuestiona la falta de una propuesta clara y más participativa por parte del Ejecutivo.

Para él, así como para varios de los miembros del Comité de Gestión (Augusto Barrera, Mae Montaño, Oswaldo García) la idea de impulsar el diálogo solo desde las asambleas populares es equivocada, pues “significa pensar el país a base de lo que ocurre en Quito, en donde hay una amplia organización social a través de las asambleas o comités”.

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“Tienen que ser más bien consultas abiertas, mesas de diálogo, foros, es decir construir la más amplia participación de actores”, dice Hernández, quien habla de la necesidad de estructurar una agenda específica que no pretenda refundar al país en todos sus aspectos.

Tanto él como León señalan que la agenda debe priorizar las reformas al sistema electoral para viabilizar una Asamblea Constituyente.

La agenda dicen, debe ser también en torno a si se sigue con el sistema presidencialista o se va a uno parlamentario, cambios en la visión político administrativa del país (autonomías y descentralización) y la reestructuración de la Función Judicial.

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El proceso, indican los analistas, no debe tomar más de dos o tres meses si se quiere evitar que la consulta nacional y la asamblea constituyente se contaminen con los comicios electorales presidenciales de octubre del 2006.