El debilitado presidente de Bolivia, Carlos Mesa, arranca este domingo una semana difícil acosado por marchas y presiones múltiples por una ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso, mientras los analistas vaticinan que el tiempo en el poder se le acorta. 
 
El mayor foco de conflicto radica en una marcha de protesta que partirá el  lunes hacia La Paz desde la localidad andina de Caracollo en demanda de la  recuperación del gas para el Estado, según su promotor, el líder cocalero Evo  Morales, jefe del principal partido opositor Movimiento Al Socialismo (MAS). 
 
El clima social parecía encresparse más con una huelga de maestros, mítines de sindicatos de trabajadores y una movilización que partirá también el lunes desde la vecina ciudad de El Alto -donde se libró en el 2003 la que popularmente es denominada "guerra del gas"-, hasta La Paz para pedir la nacionalización de los hidrocarburos. 
 
En previsión de desbordes sociales, la Policía ordenó el acuartelamiento de sus efectivos en la ciudad de La Paz, según el comandante nacional, general David Aramayo. 
 
La crítica situación del mandatario quedó gravemente complicada al fracasar un encuentro nacional previsto para el lunes destinado a consensuar la nueva  legislación y organizar la elección de prefectos (gobernadores), un referendo  sobre autonomías regionales y una Asamblea Constituyente. 
 
La precaria estabilidad del jefe de Estado le llevó a afirmar al analista  independiente Jorge Lazarte, ex miembro del tribunal electoral, que Mesa "ya  está con un pie afuera" del gobierno. 
 
Mesa amagó en marzo pasado con renunciar en un intento por alcanzar acuerdos políticos y sociales, pero fue ratificado por el Congreso que desestimó además una propuesta de acortar su mandato que fenece en el 2007. 
 
Las protestas sociales defienden una fórmula aprobada en la Cámara de  Diputados, luego modificada en el Senado, que mantiene en 18% las regalías  petroleras y eleva a 32% los impuestos. 
 
Un referendo vinculante realizado el año pasado por iniciativa de Mesa  propuso a los bolivianos la "recuperación del gas para el Estado" y el pago de un "impuesto y/o regalía del 50%". 
 
Plasmada la fórmula en la ley, Mesa la consideró "suicida" para el país y  consideró que inviabilizaría las inversiones extranjeras. 
 
La norma fue criticada también por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que aglutina entre otras a multinacionales como Repsol-YPF (España-Argentina),  Petrobrás (Brasil), British Gas (Gran Bretaña), que amenazaron con juicios si la norma les obliga a migrar de los ventajosos contratos suscritos durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-97). 
 
Los empresarios bolivianos pidieron de su lado en una solicitada en los diarios promulgar la nueva ley, pero advirtieron que "ir más allá de esos  límites claros que impone (el resultado del referendo) sólo responde a demandas desquiciadas, que tienen el propósito de destruir el país". 
 
Mesa abonó la incertidumbre al anunciar la semana pasada que tiene  "observaciones conceptuales" a toda la ley, aunque la Constitución Política le  obliga a entregar al Congreso objeciones específicas. 
 
El mandatario tiene plazo hasta el mediodía del martes para vetar, modificar o ignorar la ley, y en este último caso será el Congreso el que la promulgue. 
 
La actitud del presidente "está desordenando al país, creando  incertidumbre, el país está en un proceso de descontrol en este momento", según  Lazarte. 
 
El ex ministro de Economía Juan Careaga, conclyó que a Mesa "se le han  acabado las maniobras".