Informe de la OEA sobre Ecuador

III. Los resultados de las reuniones mantenidas.

A modo de aclaraciones previas, es preciso tener en consideración que:

Como señala la resolución CP/RES. 880 (1478/05) del Consejo Permanente, se trata de tomar en cuenta la situación en Ecuador que se ha venido produciendo en los últimos meses para colaborar en el esfuerzo por consolidar la democracia. Eso lleva, por un lado, a conocer el punto de vista de los entrevistados sobre la situación que se ha venido desarrollando en el Ecuador en los últimos tiempos, y, por otra parte, a escuchar las distintas opiniones sobre las vías para consolidar las instituciones democráticas ecuatorianas.

La Misión atendió todas las solicitudes de audiencia que le fueron formuladas antes y durante su visita y reitera su agradecimiento a todas y todos aquellos que le hicieran conocer sus puntos de vista sobre la situación ecuatoriana.
Considera haber abarcado un abanico significativo de los principales actores de la sociedad ecuatoriana.

Este informe no tiene por finalidad ser un acta de estos encuentros, ni transcribir las opiniones y comentarios de quienes en ellos participaron, señalando la autoría de los mismos. Las reuniones fueron realizadas sin registro de las mismas para garantizar la mayor confianza, libertad y franqueza.

Es preciso resaltar, por parte de todos los integrantes de la Misión, la amplia disposición de cooperación recibida del pueblo y de las autoridades ecuatorianas.

Además de la abundante documentación que le fue entregada por los participantes en las distintas reuniones, la Misión tuvo en cuenta los informes y actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador y las medidas cautelares adoptadas en casos individuales, así como el informe sobre la independencia del Poder Judicial en el Ecuador del relator del tema, Dr. Leandro Despouy, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En cuanto a la situación que se ha venido desarrollando en el Ecuador en los últimos tiempos, las coincidencias más importantes son que:

1. Es preciso remontar las causas de las dificultades institucionales del país a, por lo menos, el año 1997;

2.  Señalar la fecha del 8 de diciembre de 2004 como uno de los puntos relevantes de la crisis que desembocara en los hechos del 20 de abril de 2005;

3.  Subrayar las difíciles relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que se desarrollaron desde el año 2003.

4. Resaltar el papel central que ha tenido en todos estos hechos la conformación y la actuación del Poder Judicial y demás órganos jurisdiccionales. Precisando brevemente:

a. A partir de 1997, los tres presidentes electos no lograron concluir su mandato. Todos ellos fueron destituidos;

b. La fecha del 8 de diciembre de 2004, en que es cesada la Corte Suprema de Justicia, y designada una nueva, es considerada como un punto importante de la sucesión de hechos que culminaron el 20 de abril de 2005 con la destitución del presidente Lucio Gutiérrez.  En noviembre de 2004, lo mismo había ocurrido con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral;

c. A lo largo de todo este periodo, las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo han sido difíciles. Las mayorías parlamentarias circunstanciales, las alianzas políticas endebles, la multiplicidad de partidos y bloques con poca fidelidad partidaria, las continuas amenazas de destitución o de juicio político al Presidente, son algunas de las realidades de la política ecuatoriana conocidas y reconocidas por todos los actores de la vida política y que dificultaron la estabilidad del sistema político. A ello se sumaron objeciones a la  forma en que ha funcionado el Congreso Nacional y en particular a la legalidad con que en algunos casos se procedió a la designación de sus autoridades y al normal desarrollo de sus sesiones;

d. Que el Poder Judicial, su composición, su desempeño y su autonomía fue afectado por la pugna continua de estos dos poderes y de los distintos actores políticos.  A su cargo han estado, y están, importantes decisiones que afectan la vida política y económica del país.  El control de este poder del Estado y el aseguramiento de la influencia sobre magistrados que lo componen, llevaron a la politización de las decisiones que a su vez han sido detonantes de diversas crisis políticas.

Si en estos puntos hay una amplia coincidencia, no la hay, en cambio, en su interpretación, valoración, atribución de responsabilidades y fundamentación de las causas en las cuales cada uno sostiene su propia interpretación política. 
Las razones jurídicas, económicas y sociales, que llevaron a estas circunstancias varían según los interlocutores; el peso determinante de un factor o de otro, las causas que las explican tienen distintas interpretaciones en unos y otros entrevistados. Las circunstancias que motivaron la movilización ciudadana que se viviera en Quito y en menor medida en otras ciudades, también es vista por unos y otros de distinto modo. Para algunos, son la consecuencia de promesas incumplidas por parte de la clase política, para otros, se trata de demandas económicas insatisfechas, para algunos, la necesidad de poner fin a la violación de ciertos derechos humanos, para otros la inseguridad e indefensión jurídica. Diversos interlocutores han denunciado la “abusiva actuación” de los partidos políticos y de sus líderes en todos los poderes e instituciones del Estado.
Desde mediados de abril, los manifestantes salieron a las calles al grito de “Fuera todos”, cuestionando la conducción de la cosa pública por parte de todos los poderes del Estado.

Continuará mañana