En transmisiones televisivas del 20 de abril se observó que un encapuchado desde los altos del edificio del Ministerio de Bienestar Social, disparaba a la muchedumbre que reclamaba sus derechos. Eso constituyó un delito de asesinato (homicidio con ocultación moral o física). ¿El Estado y el fiscal como representante de la sociedad, pueden dejar en la impunidad a esos sujetos, como a otros que se les imputan delitos, si gozaren de fuero y no teniendo el juez competente que notifique la iniciación de la instrucción fiscal, que ordene la prisión preventiva o practique ciertos actos procesales en los que deben ser autorizados previamente?

Se vio también cómo personas pagadas venían a Quito a atacar a ciudadanos que protestaban contra el régimen (de Gutiérrez). Independientemente de que ese proceder sea calificado como delito, se conoce que se lanzaron gases prohibidos, cuya consecuencia fue la muerte de un ciudadano chileno. Ante los hechos se debió tener en cuenta las normas constitucionales de los artículos 16, 18,  24 ordinal 17 y 192, que garantizan el respeto a derechos humanos de manera inmediata, en la forma que más favorezca su efectiva vigencia sin que se pueda alegar falta de ley.

Siendo el fiscal representante de la sociedad, este deberá recurrir al órgano jurisdiccional existente jerárquicamente inferior a aquel cesado, para pedir una medida cautelar y garantizar la convivencia pacífica de los ecuatorianos, aprehender a aquellos sujetos causantes de la inseguridad jurídica.

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Dr. Gerardo Morales Suárez
Quito

Para no perder el rumbo, hay que recordar el pasado de la Corte Suprema, donde todo el mundo se quejó de la falta de seguridad jurídica, lastre de nuestra patria, pues nos ha hecho campeones mundiales de la corrupción.

En la Organización de Estados Americanos, OEA, Departamento de Derechos Humanos, se mide la seriedad de un país en relación a los casos jurídicos que no reciben justicia en su país de origen, más otros que son igual, menos serios.

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Los casos ecuatorianos presentados ante este organismo, última esperanza para muchos compatriotas, se han multiplicado los últimos años; hay cientos de personas en espera, y eso es alarmante para la OEA. La Corte ha tenido “mea culpa”, y señalan a Ecuador como corrupto por falta de justicia. Por ello, causa risa que los mismos responsables directos para la multiplicación de denuncias de casos ante la OEA, hayan corrido con su queja de ilegitimidad ante este organismo.  Es decir, los que defienden en forma agresiva la Constitución, tratan de salvar sus propios nichos que han construido para defender sus intereses. En realidad han aceptado La aldea toda la vida la injusticia con algunas excepciones.

Pablo Guerrero Flores
Guayaquil