La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer al gobierno ecuatoriano autorización para que indígenas quichuas del pueblo de Sarayaku circulen libremente por su territorio, sin ser molestados.

La medida provisoria regirá hasta fines de agosto, en que la CIDH volverá a estudiar el tema con la presentación de los alegatos de los denunciantes y de los defensores del Estado ecuatoriano.

La comisión sesionó el martes pasado en Asunción y lo hizo por primera vez fuera de su sede, San José, de Costa Rica, desde que en 1976 fuera creada por una asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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El mexicano Sergio García, presidente de la Comisión, explicó que esa comisión entiende que persiste la situación de extrema gravedad que pone en peligro la vida de los miembros de la comunidad Sarayaku que no podían llegar libremente a través de las carreteras, hasta el río Bobonaza, usado para su subsistencia, agregó el jurista.

Aparentemente donde viven los aborígenes se ha instalado una empresa petrolera que obtuvo la cesión del territorio para la búsqueda del carburante.

En un escrito presentado ante la CIDH y elaborado por Marlon Santi, líder del pueblo quichua, que fue entregado a la prensa en Asunción, se advierte que el pueblo Sarayaku vive en un estado de terrible represión.

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Los quichuas (o kichwa) viven en la Amazonia en el pueblo de Sarayaku a unos 95 kilómetros al sureste de Quito. Dicen defender la ecología impidiendo el trabajo de la petrolera argentina CGC.