“El uso del dinero para las marchas organizadas por el ex gerente de la AGD, Carlos Arboleda, constituye un evidente desvío de fondos públicos”, precisó.

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) también informó la semana anterior que investiga este particular.

Cantos, quien calificó como “un desastre” la actual situación de la Agencia, indicó además que solicitará a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Bancos una auditoría de gestión (al 30 de abril de este año) de la administración de Arboleda.

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A las primeras acciones se sumó el dejar sin efecto de forma inmediata la contratación “irregular” por 2’700.000 dólares, de Jorge Sotomayor Unda, quien durante la administración de Arboleda enfrentó como abogado externo, el juicio propuesto por el ex banquero Fernando Aspiazu, informó Cantos, en una rueda de prensa.

La actual administración tiene pendiente determinar los montos adeudados a los bancos cerrados así como los recursos que aún falta recuperar para el pago a los clientes; también realizará un informe sobre el estado en que recibió la entidad, la que piensa “cerrará una vez que haya pagado hasta el último centavo”, dijo Cantos.

La gerenta de la entidad manifestó asimismo que 113 puestos considerados innecesarios por la nueva administración de la AGD fueron eliminados, con el fin de “optimizar el recurso humano y privilegiar la eficiencia en la gestión”.

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Es así que ahora en el país hay 373 empleados cuando en la anterior administración sumaban 486 personas, con un costo aproximado de 600.000 dólares mensuales, indicó Cantos.

Uno de los departamentos reestructurados es el Área de Recuperación, que hoy cuenta con 18 empleados y tres pasantes, mientras que en la pasada administración fueron 38 empleados y tres pasantes.

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Al equipo de asesores, directores y subdirectores, en cambio, se incorporaron 13 personas, “que responden a perfiles profesionales con experiencia”, dijo Cantos.