Deudas de empresas eléctricas, a la espera de la ratificación de decreto para continuar análisis

La ausencia de funcionarios en el sector eléctrico, tras la salida del ex presidente Lucio Gutiérrez, frenó el trabajo de la Comisión Interinstitucional (CISE), encargada, entre otros aspectos, de establecer cuánto deben las distribuidoras eléctricas al mercado mayorista.

Hasta octubre del año pasado, según datos del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), 17 distribuidoras eléctricas debían 282,15 millones de dólares. Esta cifra debe actualizarse a diciembre pasado.

La CISE está conformada por un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central del Ecuador, del Fondo de Solidaridad, de Transelectric y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Hasta la tarde de ayer esos organismos no contaban con sus titulares.

Gabriel Argüello, director ejecutivo del Cenace, aclaró que la falta de funcionarios impide la continuidad del análisis de manera oficial, pero técnicamente se continúa trabajando. Sin embargo, precisó que están a la espera de que el nuevo gobierno ratifique o no el decreto ejecutivo que creó esta instancia.

El cronograma de la Comisión preveía cerrar las cuentas de las distribuidoras hasta mediados del mes pasado, pero la crisis política, que terminó con el derrocamiento de Gutiérrez, dejó sin miembros al organismo.

Si la administración de Alfredo Palacio quiere continuar con ese análisis deberá emitir un nuevo decreto ratificando la creación del ente.

Argüello aseguró que existen cifras preliminares pero no adelantó ninguna porque hay que cotejarlas.
Las deudas de las eléctricas se originaron por el diferencial tarifario –brecha entre el costo de producción y de venta de cada kilovatio hora.

Los miembros de la CISE se reúnen para analizar temas como el desarrollo del sector, planes de mantenimiento de las empresas que ofrecen el servicio al mercado eléctrico, avances en las negociaciones de interconexión con Perú, Colombia.

Además debe revisar las facilidades de crédito para que las distribuidoras de energía eléctrica, que entregan al mercado mayorista, puedan adquirir combustible a la empresa estatal Petrocomercial, filial de Petroecuador.