Un dictamen acusatorio es la conclusión a la que llegó este mediodía el Comité de Excusas y Calificaciones del Congreso en contra de los diputados involucrados en el incidente ocurrido en el hotel Plaza del Bosque, en Lima - Perú.

De manera indefinida fueron suspendidos el jueves pasado los diputados María Augusta Rivas (PRE), Iván Vásquez (Prian) y los desafiliados Franklin Sanmartín y Jacobo Sanmiguel, involucrados en el incidente ocurrido en el hotel limeño el 19 de abril, en momentos en que los legisladores eran parte de la delegación ecuatoriana a la novena ronda de negociaciones entre los países andinos y los Estados Unidos, por un Tratado de Libre Comercio.

Con la justificación de las pruebas de responsabilidad del “ilícito cometido en Lima”, como señaló Hugo Ruiz (ID), presidente del Comité, el Pleno del Congreso Nacional debe tomar una posición al respecto. La sugerencia del grupo calificador es cesarlos en sus funciones.

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El diputado Alfredo Castro, del Partido Social Cristiano (PSC), manifestó que los congresistas, como delegados del Congreso y representando al país, "hicieron quedar mal al Congreso y al país y deben ser sancionados".

Según el reporte, los socialcristianos sostienen que los cuatro congresistas tienen que ser sancionados, ya que en su calidad de delegados en Lima, hicieron quedar mal al Congreso Nacional y al país.

Por su parte, la Democracia Popular es más radical. El legislador Ramiro Rivera sostiene que deben quedar “inhabilitados para participar por lo menos en cuatro procesos electorales consecutivos” (ocho años).

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Mientras las acusaciones se dan en el Pleno, los roldosistas defienden a su coidearia Rivas. “Nosotros estableceremos una táctica de defensa a nuestra colega diputada”, aseguró Ernesto Valle.

En cambio, el independiente Rafael Dávila cree que los casos deben ser estudiados y  superados. “Si bien es cierto que dos han estado presentes, el escándalo lo suscitan dos de los cuatro diputados”, dijo.