La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza hoy el cumplimiento del Estado ecuatoriano de las medidas provisionales dictadas a favor del pueblo indígena sarayaku, el 6 de julio del 2004.

Según la convocatoria de esta Corte el país ha cumplido con tres de las cuatro medidas, pero no la más importante: permitir la libre movilización de los indígenas por su territorio que está en manos de la petrolera argentina CGC (Compañía General de Combustibles).

Hace más de un año, los sarayaku se quejaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el ingreso de la CGC a su territorio, reconocido como ancestral por el Estado ecuatoriano en 1992. La presencia de la petrolera implica la exploración en 200 mil hectáreas de terreno, denominado Bloque 23, en la provincia de Pastaza, esto impide que los sarayaku transiten por el 65% de su tierra.

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La Corte  exige  protección de la vida y la integridad de los sarayaku, el derecho a libre circulación; identificar a los responsables de los ataques y amenazas a miembros de la comunidad; e  informar al organismo de la adopción de las medidas.

Marlon Santi, líder sarayaku, representará a su pueblo en la Corte. Por el Estado asistirá el embajador Julio Prado Espinosa, director del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería.

INDÍGENAS

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PROTECCIÓN
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría le informaron a la Corte Interamericana de DD.HH. que el Estado no ha podido cumplir con la protección de los líderes sarayaku porque no aceptaron resguardo policial.

RECHAZO
Sin embargo, el dirigente Marlon Santi aclaró que le pidieron que se hiciera responsable de los gastos de transporte y comida de un policía para que lo cuidara. “Ese dinero debe salir del Estado”, dijo Santi.

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HISTORIA
Los habitantes de Sarayaku (río de maíz) expulsaron de sus tierras a miembros del Instituto Lingüístico de Verano de Estados Unidos y a la compañía petrolera Arco en 1990.