España alista acción sorpresa contra ilegales

Autoridades españolas harán visitas sorpresivas a empresas para comprobar si emplean ilegales.

Serán 1.573 los inspectores asignados a detectar si las empresas españolas continúan empleando a migrantes sin documentos en regla, una vez terminado el proceso de regularización en ese país europeo, el sábado anterior.

Según el ministro de Trabajo español, Jesús Caldera, ayer se iniciaron oficialmente las inspecciones laborales por todas las regiones de España.

Una funcionaria del Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales aclaró, sin embargo, que esas acciones “serán sorpresivas, sin previo aviso y también sin ninguna publicidad”.

En Quito, mientras tanto, la Embajada de España anunció que el sistema de obtención de visas cambiará desde el próximo jueves 12.

Desde esa fecha se utilizará el método de la cita telefónica previa.

Se pasará a dos formas de obtención del documento: a través del Banco de Guayaquil o de las compañías aéreas que realizan viajes desde Ecuador a España.

También se determinan los nuevos costos para las visas de residencia (superior a los 90 días), cuyo valor será de 72 dólares, mientras que las de corta duración costarán 46,90 dólares.

El gobierno español, a través del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció que ayer se iniciaron oficialmente las inspecciones laborales por todas las regiones de España, para que los 1.573 inspectores asignados detecten si las empresas continúan empleando a migrantes sin sus documentos en regla.

Sin embargo, esto no significó que ayer se iniciaran tales inspecciones, “que serán sorpresivas, sin previo aviso y también sin ninguna publicidad”, según indicó una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Además se tiene previsto que serán agentes del ministerio, los que en forma reservada y sin identificaciones que los delate, intentarán sorprender a empresarios y trabajadores que no se acogieron al proceso de regularización que concluyó el pasado sábado.

Para los empresarios la sanción será una multa que podría llegar hasta los 30 mil euros (39 mil dólares) y para los extranjeros es la expulsión.

La cifra oficial de migrantes que presentaron su documentación, en lo que sería el último proceso de normalización es de casi setecientos mil extranjeros, de los cuales unos 150.000 son ecuatorianos.

Dora Aguirre, presidenta de la Asociación de Migrantes Rumiñahui, afirmó que a este número se suman los ecuatorianos que tenían sus papeles en regla, por lo que “son pocos los que aún quedan en la irregularidad”, ya que según sus cálculos, 500.000 ecuatorianos viven en España.

De las solicitudes presentadas, el 30% corresponden a contratos de servicio doméstico, el 20% de construcción, un 20% de hotelería y comercio, el 15% de agricultura y otro 15% pertenecen a contratos de diversa índole. Los ecuatorianos se dedican al servicio doméstico, la construcción y la agricultura.

Aceptaciones
El siguiente paso para completar la regularización depende de la aceptación de la Seguridad Social de España. Una vez que se haya comprobado que efectivamente estas personas tienen una relación de dependencia con un empleador o una empresa real, se les otorgará un permiso de residencia temporal, proceso que se extenderá hasta julio.

Eso en los planes, porque en la práctica muchos ecuatorianos que ingresaron sus papeles desde febrero –al inicio del proceso– aún no reciben una respuesta oficial de su aceptación en la Seguridad Social.

Y el ritmo al que se avanza es lento. Hasta el momento, de las solicitudes presentadas, menos de 70.000 han sido aprobadas. Octavio Granado, funcionario de esta oficina, señala que esa cifra solo es un indicativo “del rigor del procedimiento que se aplica”.

Precisamente en estas instancias varios ecuatorianos podrían encontrar problemas. Algunos reconocieron que consiguieron contratos de trabajo a última hora y en condiciones que ponen en duda la veracidad de la información laboral que declararon.

Incluso se conoce que tanto españoles como ecuatorianos que residen en España desde hace cinco años, vendieron firmas para salvar el apuro de muchos compatriotas.

Mientras tanto, la semana laboral para los ecuatorianos comenzó con normalidad. “Ha terminado un proceso realmente duro”, comenta Dora Aguirre, de la asociación Rumiñahui. “Pero que finalmente parece que ha tenido un relativo éxito”, admite.

No obstante para la dirigente, aún sigue siendo un problema ese colectivo pequeño de ecuatorianos que se quedó fuera del proceso de la regularización.

Por lo pronto, han pedido permisos temporales para estos compatriotas, que eviten su expulsión y les permita seguir buscando un trabajo.

Pero la respuesta reiterada de las autoridades españolas ha sido negativa.