La polémica normativa no satisface a las petroleras, ni a los indígenas o sindicatos.

Con diez días de plazo para actuar, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, analizaba ayer si promulga o no el controversial proyecto de ley de hidrocarburos, que el pasado jueves aprobó el Congreso.

Mesa enfrenta fuertes presiones de sectores sociales, regionales y empresariales de  Bolivia, opuestos a la polémica ley, y recibe también presiones de multinacionales petroleras, gobiernos y organismos financieros extranjeros para su aprobación. 

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Tras un año de debates el Congreso aprobó el pasado jueves la norma incrementando al 32% los impuestos a las petroleras, además del 18% de regalías. Actualmente las empresas pagan 18% de regalías y 10% de impuestos.

También obliga a las empresas a modificar sus contratos. 

El Gobierno y el propio Mesa han calificado de “confiscatoria y suicida” la ley cuando todavía estaba en debate legislativo, por temor a que ahuyente a las inversiones, pero desde la aprobación de la ley ninguna autoridad del Poder Ejecutivo ha declarado.  

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“Es una ley inviable e imposible”, dijo Mesa en un discurso el 6 de marzo pasado.
Diario La Razón indicó ayer,  sin citar fuentes, que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en marzo sería el principal motivo para que el Presidente no se haya decidido aún por la promulgación.

Por ese acuerdo el Gobierno se habría comprometido, según el diario, a respetar las inversiones extranjeras, incluyendo los contratos con las petroleras, a cambio, el FMI dio apoyo financiero al programa económico de Mesa.

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Mientras, los sindicatos amenazan con protestas para presionar al Gobierno a que promulgue la ley y otros sectores como el Movimiento al Socialismo del líder cocalero Evo Morales exigen que el Congreso apruebe el 50% de regalías para el Estado, incluso proponen la nacionalización de los hidrocarburos.

Morales se reunía ayer en Santa Cruz con sectores sindicales para analizar una posible medida de hecho.