El fiscal José Coellar Punín insistió al juez 7º de lo Penal del Guayas, Jorge Guzmán Navarrete, encargado del Juzgado 24 de lo Penal, que revoque la providencia dictada por la jueza Silvia Orejuela, el pasado 10 de marzo, mediante la cual calificó fianza a favor de las hermanas Carla y Gildegard Cerón Dávila.

Coellar Punín reiteró en su petitorio que planteó el pasado 14 de marzo a la jueza Orejuela (del Juzgado 15º de lo Penal) que el delito cometido por Carla Cerón y Gildegard Cerón (cuñada y esposa, respectivamente, del ex diputado Renán Borbúa), es peculado, que se sanciona con pena de reclusión y que por tanto no admitía fianza.

En el último pedido, agregado al proceso el pasado 5 de mayo, el fiscal impugnó la actuación de la jueza Orejuela (actualmente con orden de prisión preventiva porque cambio la figura del delito en este caso) luego que calificó una fianza de 19.000 dólares a cada una de las acusadas y posteriormente suspendió la orden de prisión preventiva que pesaba contra ellas, así como contra José Mario Aragundi Navarrete y Jaime Cavero Ontaneda, también imputados.

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Según la causa 407-2004 que consta de 47 cuerpos y se encuentra en el Juzgado 7º de lo Penal, Carla y Gildegard Cerón Dávila fueron acusadas como presuntas autoras de peculado, luego que un examen especial de la Contraloría General del Estado las hallara responsables de un presunto sobreprecio en trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos de Pacifictel, en los talleres GCD, de José Mario Aragundi.

El proceso fue iniciado el 27 de agosto del 2004 por el fiscal Félix Moreno Wong, quien se abstuvo de acusar. Pese a que el ministro fiscal Walter Tomsich acusó la jueza cambió el delito y suspendió la prisión preventiva.