El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, cumplió ayer el pedido de la fiscal subrogante Cecilia Armas y ordenó a la Policía la detención del ex mandatario Gustavo Noboa.

Anoche, a las 20h10, dos policías vestidos de civiles acudieron a la casa del ex mandatario, ubicada en la urbanización Portón del Río (vía a Samborondón), para entregarle un oficio firmado por la fiscal Cecilia Armas, con fecha de recibido en la Comandancia General de la Policía el 25 de abril del 2005, en el que señala que las providencias dictadas por el ex presidente de la Corte Suprema de Justifica, Guillermo Castro Dáger, no están ejecutoriadas y que por lo tanto la orden de prisión y el arresto domiciliario de Noboa están vigentes.

Castro había anulado el pasado 31 de marzo los juicios que pesaban contra el ex Jefe de Estado, acusado de peculado por presuntas irregularidades en la negociación de la deuda externa.

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Según la fiscal, estas no estuvieron ejecutoriadas por lo que sigue vigente el pedido de arresto.  El pedido de la fiscal Armas incluía también la orden de prisión para los ex mandatarios Abdalá Bucaram y Alberto Dahik, actualmente en Panamá y Costa Rica, respectivamente.

Noboa dijo que se trata de una persecución política y reiteró que no saldrá del país, porque dará “guerra a Gándara” y lo acusó de estar obedeciendo “órdenes de León Febres-Cordero por haber sido embajador en Londres en su gobierno”.

Noboa sostuvo que el arresto domiciliario al que se refiere es el dictado el 11 de agosto del 2003 y que este ya quedó sin efecto.

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Confesión judicial
Expresó que hoy entregará a Gándara una confesión judicial y si es necesario la documentación de los juicios.

Joffre Campaña, abogado defensor de Noboa, dijo que se trata de una ilegalidad por cuanto no hay una orden dictada por algún juez, por lo que procederá hoy a iniciar las acciones  legales correspondientes contra Gándara.

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“Si hubo una decisión por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien dictaminó la nulidad de los juicios, debe ser la propia Corte la que analice la decisión adoptada por el juez”, explicó Campaña.

“Ni el Ministro de Gobierno ni la Ministra Fiscal están facultados para adoptar ninguna medida que contraríe las decisiones de la Corte”, recalcó.