Día de la Madre ocupó la atención de migrantes

En Cataluña los inmigrantes exigen papeles para todos quienes no pudieron regularizarse.

La coincidencia con la celebración del Día de la Madre en Ecuador dejó de lado momentáneamente la preocupación de los ecuatorianos que no regularizaron sus papeles al término del plazo dado por las autoridades españolas.

Los compatriotas estuvieron ayer más preocupados en comunicarse con sus familiares y llenaron los locutorios.

La advertencia de las autoridades españolas de que se iniciarán de inmediato las inspecciones en las empresas para detectar ilegales, provocó que estos decidan permanecer inadvertidos.
Los trámites de regularización terminarán en julio a más tardar y hasta ahora el porcentaje de rechazos es de apenas el 2%.

Para los compatriotas que no alcanzaron a regularizar su estancia en España solo les quedan dos alternativas:  aplicar los arraigos laboral y social.

El primero rige desde el próximo 6 de agosto y da permiso de residencia y trabajo a quienes acrediten una permanencia de al menos dos años en España, sin antecedentes penales y con relaciones laborales no menores a un año.

El arraigo social beneficia a los inmigrantes con un mínimo de tres años en España.
La asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui pidió ayer al Gobierno español dar un estatus temporal para buscar empleo, a los inmigrantes que no se regularizaron al ser despedidos por sus empleadores.

Los ecuatorianos que no alcanzaron a regularizar su estancia en España en el proceso que empezó el pasado 7 de febrero y concluyó el sábado, ahora tienen dos caminos para obtener sus papeles según el actual Reglamento de Extranjería.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya advirtió el viernes que quienes no han podido acceder a los papeles tienen a su alcance los instrumentos establecidos en el Reglamento.

Estos mecanismos son los arraigos laboral y social. El primero, que entra en vigencia el 6 de agosto próximo, otorga el permiso de residencia y trabajo a los extranjeros que acrediten una permanencia continuada de al menos dos años en España, que no tengan antecedentes penales en España ni en su país de origen, y que demuestren la existencia de relaciones laborales entre el inmigrante y una o varias empresas, las cuales no pueden ser inferiores a un año.

Sobre el último punto, para acreditar la relación laboral, el extranjero debe presentar una resolución judicial o administrativa emitida por Inspección de Trabajo, en la que se refleje que la empresa con la que tuvo vínculos ha sido sancionada por haber contratado a trabajadores ilegales.

En cuanto al arraigo social, es un mecanismo que está en plena vigencia y que puede beneficiar a los inmigrantes que acrediten una estancia mínima de tres años en España.

Al igual que el instrumento anterior, no se debe tener antecedentes penales en su país, España o cualquier estado donde haya vivido, y se debe disponer de un contrato de trabajo con una duración no inferior a un año.

Ecuatorianos en Cataluña
El delegado del gobierno en Cataluña, Joan Rangel, ratificó que los ecuatorianos se han confirmado como el primer colectivo de extranjeros de la comunidad tras el cierre del proceso de regularización.

Cataluña, cuya capital es Barcelona,  está situada al noreste de España y cuenta con una población de seis millones de habitantes.

Aquí se han presentado un total de 130.000 expedientes, de los cuales  un 25% son ecuatorianos.

Rangel puntualizó que el 21% de inmigrantes que ahora hay en Cataluña son de procedencia ecuatoriana, al contrario del resto de comunidades de España, donde los marroquíes son mayoría.

Tras valorar positivamente el proceso de regularización, Rangel restó importancia a las protestas realizadas en Barcelona por la plataforma Por la Regularización sin Condiciones, de la cual la ecuatoriana Norma Falconí es una de las principales dirigentes.

Rangel pidió a los inmigrantes que hacen las protestas que “vayan a su país de origen y que regresen a España con un contrato de trabajo”.

Además, puntualizó que los protagonistas de los encierros son inmigrantes de Pakistán, que llegaron en los últimos meses a España y que el sábado se presentaron en las oficinas de la Seguridad Social sin cumplir con los requisitos exigidos por el gobierno.

Asimismo Rangel señaló que esos inmigrantes vinieron a España engañados, y les pidió que vuelvan a su país, porque, en caso contrario, serán expulsados de España.

Pese a la advertencia, ayer unos 300 inmigrantes, la mayoría provenientes de Marruecos y Pakistán, volvieron a manifestarse en Barcelona demandando papeles para todos los extranjeros que no pudieron beneficiarse de la regularización.

IMIGRANTES

Casi 700 mil
Al menos 691.059 extranjeros presentaron hasta las 22h00 (15h00 de Ecuador) del sábado, la solicitud para acogerse al proceso de regularización de inmigrantes abierto en febrero pasado por el gobierno español.

Los ecuatorianos
En el proceso que terminó el sábado presentaron su expediente 135.783 ecuatorianos (24,45%), con lo que se concluye que aún queda un número importante de indocumentados pertenecientes a este colectivo de inmigrantes.

Otros colectivos
Los restantes son rumanos (16,59%), marroquíes (11,56%), colombianos (9,67%), bolivianos (6,57%) y búlgaros (3,92%).

Por género
Del total de solicitudes, 365.382 pertenecían a varones, mientras que 267.012 eran de mujeres, la mayoría de ellas, el 52,26%, de Ecuador. 

No se acogieron
Unos 100.000 o 150.000 inmigrantes no pudieron acogerse al proceso de regularización, porque  no tenían un contrato de trabajo o no porque no estaban  empadronados antes del 8 de agosto último.

Censo de ecuatorianos
Según el Instituto Nacional de Estadística de España, 492.000 ecuatorianos figuran en el censo de los diversos ayuntamientos de la Península, de los cuales 202.000 ya tenían permiso de trabajo y residencia.

Los menores
De ellos, 40.000 son menores inscritos en escuelas y colegios de España.

Aportes
El ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, indicó que los inmigrantes que lograron regularizar sus papeles  aportarán el próximo año de 1.000 a 1.500 millones de euros (de 1.200 millones a 1.800 millones de dólares) a la Seguridad Social española.