El presidente Carlos Mesa demoraba este lunes la decisión de promulgar la controversial ley de hidrocarburos que el pasado jueves aprobó el Congreso.
 
Esa situación y las reuniones que mantiene con sus colaboradores en el mayor hermetismo ha puesto en duda su viaje a la cumbre Arabe-Sudamericana que comenzó el lunes en Brasilia. Su viaje estaba previsto el domingo en la tarde.
 El mandatario se reunió con sus ministros y algunos parlamentarios afines por casi ocho horas el domingo.
 
Tras un año de debates el Congreso aprobó el pasado jueves la norma incrementando al 32% los impuestos a las petroleras, además del 18% de regalías. También obliga a las empresas a modificar sus contratos. Actualmente las empresas pagan 18% de regalías y 10% de impuestos.
 
El gobierno y el propio Mesa habían calificado de   confiscatoria y   suicida la ley cuando todavía estaba en debate legislativo, por temor a que ahuyente a las inversiones, pero desde la aprobación de la ley ninguna autoridad del Poder Ejecutivo ha declarado.   Es una ley inviable e imposible, dijo Mesa en un discurso el 6 de marzo.
 
De acuerdo a la Constitución el presidente tiene diez días para promulgar una ley o vetarla. Si no la promulga el presidente del Congreso está habilitado para hacerlo.
 
El lunes los diarios de Bolivia abundan en conjeturas. La Razón indica sin citar fuentes que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en marzo sería el principal motivo para que el Presidente no se haya decidido por la promulgación.
 
En ese acuerdo el gobierno se comprometió a respetar las inversiones extranjeras incluyendo los contratos con las petroleras, a cambio el FMI acordó un nuevo apoyo financiero al programa económico de Mesa.
 
Según La Razón el gabinete del domingo quedó dividido, unos que apoyan la promulgación y otros que se inclinan por el veto. La misma versión es comentada La Prensa y agrega que los ministros dejaron la última decisión al mandatario.
 
Las petroleras que operan en Bolivia ya anunciaron que apelarán ante los tribunales bolivianos. La nueva ley es confiscatoria y haremos una representación legal, una vez que sea promulgada, ante el Tribunal Constitucional, anunció el viernes el presidente de la Cámara de Hidrocarburos, Raúl Kieffer.
 
Los sindicatos amenazan con protestas para presionar al gobierno a que promulgue la ley. Otros sectores no están de acuerdo con la norma y exigen que el Congreso apruebe el 50% de ingresos para el estado, inclusive proponen la nacionalización de los hidrocarburos.
 
Este lunes, sin embargo, solo el departamento de Tarija, al sur de La Paz y donde están las mayores reservas de gas natural, continuaba un paro que comenzó el viernes reclamando que la principal oficina de la empresa estatal petrolera esté en esa ciudad.
 
Bolivia ocupa el segundo lugar en reservas de gas natural en el continente, pero la disputa por la suerte de los hidrocarburos ha provocado hasta ahora graves tensiones sociales y políticas que derivaron en la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.
 
Por la mismas circunstancias Mesa envió su carta de renuncia aunque no irrevocable al Congreso a principios de marzo, pero los legisladores la rechazaron.
 
Según la estimación de algunos legisladores con la nueva ley el estado empezará a percibir al menos 540 millones de dólares de los 1.500 que factura el sector, en vez de los cerca de 150 millones actuales.
 
Bolivia exporta a Brasil y Argentina, y la nueva ley autoriza al gobierno a firmar nuevos acuerdos de venta al exterior.
 
Las principales empresas que operan en Bolivia son la brasileña Petrobras, la española Repsol YPF, las británicas British Gas y British Petroleum y la francesa Total.