El gobierno español no dará vuelta atrás en su decisión de cerrar el proceso de regularización extraordinario a pesar de los pedidos de organizaciones sociales y de asociaciones de trabajadores de migrantes de diferentes países.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración de España, Consuelo Rumí, ratificó ayer en declaraciones a Televisión Española que mañana culminará el proceso y enfatizó que desde ese día, los extranjeros que deseen trabajar en España tendrán que venir contratados desde su país de origen. Adelantó que desde mañana la Inspección de Trabajo comenzará a detectar y sancionar a los empresarios que den un empleo a ‘sin papeles’.

También el consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, dijo que pedirá a la Unión Europea que deje sin ayudas comunitarias a las empresas agrícolas que utilicen a indocumentados.

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Andalucía es la comunidad más grande del país, y parte de su riqueza está en el campo. Aquí residen legalmente 1.853 ecuatorianos.