El Congreso Nacional se apresta a reformar la Constitución en lo atinente al famoso “candado”, es decir a limitar a la mínima expresión el lapso que debe mediar entre el primero y segundo debates para aprobar un proyecto reformatorio de la Ley Suprema. Actualmente el plazo es de un año y el Congreso quiere reducirlo a un mes; por lo menos eso dijo, muy ufano, hace dos días, su Presidente.

El Parlamento no refleja haber comprendido el mensaje de la revuelta del 20 de abril y de los días precedentes, y sigue actuando como si nada pasara. Al menos es lo que parece luego de que anuncia la pretensión de hacer reformas constitucionales importantes en un momento en que su prestigio, siempre deteriorado por obra de sus propias acciones, está en una de las cotas más bajas de su historia, a tal punto que todavía hay mucha gente gritando –o por lo menos pensando– “que se vayan todos”.

Luce como un despropósito disminuir a 30 días el plazo entre debates porque eso traería una multitud de reformas constitucionales, una cada vez que haya 67 votos uniformes, tornando todavía más difícil no solo la seguridad jurídica sino la seguridad en todo sentido. La Constitución no es un cuerpo legal que se debe reformar a cada rato, y si, detectada como ha sido desde hace muchos meses la necesidad de hacer modificaciones sin que el Congreso lo haya hecho por desidia, por falta de votos o por cualquier otra causa, no es con una medida ad-hoc como se suple la falta, con mayor razón si el pueblo exige ahora una democracia más participativa que no se reduzca a las élites de poder.

Talvez el plazo de un año puede reducirse a la mitad, pero no demos bandazos yendo de un extremo al otro si eso no es lo más saludable para el país. Todos soñamos con un Ecuador mejor y todos queremos recuperar el tiempo perdido después de tantos dislates gubernamentales, pero tengamos presente que apresurar el paso no basta para llegar más pronto a cualquier lugar. Las reformas constitucionales necesarias para recomponer el país deben comprometer a la nación en su totalidad, y lo más conveniente es su aprobación a través de un referéndum como lo prevé la propia Constitución, pero luego de un profundo análisis nacional y de una amplia difusión ciudadana de su contenido para que el pueblo se sienta parte de ellas.

La gran conclusión es que con candado o sin candado, el Congreso, por ahora, no debe meter mano en las reformas, y aprobar en cambio, con celeridad, el proyecto que el Presidente de la República debe enviarle con el carácter de urgente para ser sometido a la consulta popular.