Chile, Argentina, Brasil y EE.UU. eran garantes de los acuerdos de paz entre Perú y Ecuador, pero Lima sostiene que en 1995 vendió armas a Ecuador.
 
El presidente chileno Ricardo Lagos dijo ayer que las relaciones con Perú deben manejarse “con mucha prudencia” y  “firmeza”, luego de la decisión del gobierno peruano de suspender los mecanismos de  confianza mutua y las conversaciones para alcanzar un Tratado de Libre  Comercio (TLC).

En un intento de aplacar el impassse diplomático, el presidente del Senado chileno, Sergio Romero, dijo ayer que “la diplomacia parlamentaria” puede acercar a Chile y Perú en este momento de fricciones en las relaciones entre ambos países.

Romero explicó que con ese objetivo acordó conversar con el presidente de la Asamblea Legislativa peruana, Artemio Flores.

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El pasado martes, Lima suspendió las medidas de confianza entre ambos países y eso llevó a su vez a la cancelación de una reunión de cancilleres y ministros de Defensa de Chile y Perú, y de las negociaciones del TLC.

La tensión entre los dos países surgió por las denuncias de que Chile vendió armas a Ecuador en 1995, cuando ese país estaba en guerra con Perú por cuestiones de límites.

Chile niega las denuncias, aunque reconoce haber vendido municiones a Ecuador en 1994, antes de la guerra.

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La Cancillería de Chile manifestó su “malestar” por la insistencia  de Perú en reflotar la venta de las armas a Ecuador durante la guerra por  la Cordillera del Cóndor, entre enero y febrero de 1995, al afirmar que el tema fue aclarado hace diez años, cuando  el embajador peruano en Santiago recibió las explicaciones que pidió el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

Fujimori admitió el miércoles desde su exilio en Tokio que su gobierno  (1990-2000) sabía de la venta de armas chilenas a Quito, pero que mantuvo en reserva pues su estrategia era lograr la paz con  Ecuador.

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Un acuerdo de paz entre ambos estados se firmó en  octubre de 1998, lo que cerró una historia de tres enfrentamientos armados en cien años entre peruanos y ecuatorianos.

Sin embargo, tras la confesión, Fujimori podría afrontar una acusación constitucional  por traición a la patria.