Una comisión investigadora del Congreso peruano recomendó inhabilitar, cesar temporalmente o suspender al presidente Alejandro Toledo, además de inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos durante diez años, tras hallarlo culpable de fraude electoral.

La comisión dice que Toledo fue coautor de los delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública, al participar en la presunta falsificación de más del 80% de las 520.000 firmas utilizadas para inscribir en 1997 a su grupo político, el movimiento Perú Posible, con el que participó en los comicios del 2000.

El presidente de la comisión investigadora, Édgar Villanueva, recomendó que se debata la salida presidencial, destacando que esta propuesta debe ser aprobada por el Congreso, estableciendo una salida constitucional”.

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El grupo investigador estuvo dividido entre simpatizantes y opositores del mandatario, y el informe solo fue aprobado por tres de los cinco integrantes.

Según la ley peruana, Toledo no puede ser procesado por la justicia mientras sea presidente. Solo puede ser investigado o encausado por delitos cometidos en ejercicio del cargo.