El Concejo Metropolitano de Quito prepara un reconocimiento a los participantes de la revuelta de los “forajidos”, que provocó la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, el pasado 20 de abril.

Aunque todavía no se ha determinado la fecha, se estableció una ceremonia donde se declarará a Julio García, periodista chileno que murió en la marcha del 19 de abril, ‘ciudadano honorífico post mortem’, y a su familia se le entregará un inmueble.

A María Soledad Chávez (15 años), del Colegio Patrimonio de la Humanidad y quien perdió un ojo por impacto de una bomba lacrimógena, se le otorgará una beca de estudios, mientras que a su madre se la empleará de planta en la Empresa de Agua Potable, pues antes trabajaba con un contrato tercerizado.

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Además se aprobó la entrega de un departamento en Vinces a la familia de la señora Mercedes Tomalá, militante de Sociedad Patriótica que murió atropellada.

En la sesión se reconocerá a instituciones como la Cruz Roja y el Servicio de Emergencia 911, así como al radiodifusor Paco Velasco y a radio La Luna.

“Nuestras acciones son independientes del Gobierno”, señaló el concejal Pablo Ponce (ID), al indicar que aún no se decide a qué calle de Quito se denominará Insurgentes, ni el lugar del monumento a los “forajidos”, aunque se estudia la posibilidad de la Av. de Los Shyris, donde comenzaron los “cacerolazos”.

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Cita de organismos
El pasado lunes se reunieron representantes de varias organizaciones sociales en el teatro Politécnico. Estuvieron delegados del Foro Ciudadano, Ruptura de los 25, Participación Ciudadana, Actúa, Vox Populi, Acción Creativa, profesores y estudiantes universitarios, miembros de asambleas populares, entre otros.

Durante la cita se conformaron tres comisiones, una para que analice la reforma política, otra para que trabaje sobre el tema social y una tercera para que articule un proceso de veeduría. Esta última comisión se encargaría de seguir de cerca el trabajo que cumplen los diputados en el Congreso Nacional.

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Estos organismos volverán a sesionar hoy en las oficinas de Participación Ciudadana para revisar las tareas encomendadas a sus miembros.