ID y PK dijeron que aceptarán observaciones del Ejecutivo. PSC insiste en designar jueces temporales.

Pese a que el Ejecutivo aún no remite al Parlamento el veto parcial al contenido de la Ley Orgánica de la Función Judicial, ayer se notó una división en la mayoría legislativa respecto al tema.

Mientras la Izquierda Democrática y Pachakutik afirmaron que aceptarán las objeciones del Gobierno, los socialcristianos insisten en la necesidad de encargar temporalmente la Corte Suprema de Justicia, mientras se nombra a los nuevos magistrados.

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Se espera que hoy concluya la redacción del documento que el Gobierno enviará al Legislativo, luego que ayer el presidente de la República, Alfredo Palacio, mantuviera reuniones con varios sectores sociales para escuchar sus sugerencias sobre el tema.

La manifiesta oposición del Ejecutivo a la creación de una corte transitoria podría provocar una vacancia judicial hasta que se integre la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ayer, los bloques de la ID, Pachakutik, PSE y SP anunciaron que se allanarán a la objeción parcial que tiene previsto enviar hoy el Gobierno al Congreso, respecto de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, en los temas referentes a la creación de la corte temporal y a la reestructuración de las cortes superiores del país. El PSC y el Prian son los únicos bloques que no tienen una posición definida al respecto.

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La vicepresidenta del Legislativo, Cynthia Viteri (PSC), dijo que la reestructuración de las cortes superiores, incluida en el proyecto, fue mentalizada por la ID,  y que ello servirá como botín en nuevos repartos políticos.

En cambio, para el diputado de Pachakutik, Antonio Posso,  la reorganización servirá para cambiar a los viejos magistrados de las cortes superiores, que han sido identificados como del PSC.

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En el Congreso existe la idea de que con la decisión de allanarse al veto del Ejecutivo sobre la corte temporal, se producirá una vacancia judicial por alrededor de 90 días, tiempo que se estima durará el proceso de designación de los nuevos ministros.

Ante ello, Posso señaló que para evitar “cualquier suspicacia” se debe declarar una vacancia total, que permitirá acelerar el proceso de elección de la nueva Corte.

Según Viteri, aunque el PSC aún no ha definido su posición, no se descarta un respaldo al veto; pero pidió que luego no se culpe a los diputados de no haber avanzado en un proceso de fiscalización al gobierno de Lucio Gutiérrez, por falta de jueces.

Para el socialista Enrique Ayala Mora, en este momento no se puede afirmar que existan intenciones de repartirse los puestos de la CSJ, pues aún no se define quiénes integrarán la comisión que se encargará de nombrar a los jueces.

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Por ello, pidió que el Ejecutivo envíe ágilmente el veto a la ley, a fin de que también el Parlamento se pronuncie rápidamente y se pueda iniciar el proceso de selección.

Ayala agregó que los socialistas están de acuerdo con la reestructuración de las cortes, pues es necesario cumplir con las normas que determinan la renovación de los funcionarios judiciales que tienen periodo fijo y que hoy están en funciones prorrogadas.

El Prian, dijo la legisladora Sylka Sánchez, no ha participado en ninguno de los cambios que pretende hacer la nueva mayoría parlamentaria, que “quiere repartirse la CSJ y otros organismos del Estado”.

Tras negar haber tenido cinco puestos en la CSJ que fue destituida el pasado 17 de abril, acotó que el Prian tomará una posición respecto del veto del Ejecutivo cuando conozca oficialmente su texto.

Mientras, Gilmar Gutiérrez (SP) pidió a la sociedad civil mantenerse alerta para evitar un nuevo reparto en la Función Judicial.