A veces pareciera que en el Ecuador no existe autoridad que haga prevalecer la ley; o peor aún, que ya vivimos en un Estado sin ley. En estos precisos intantes, cuando acaba de ser destituido el tercer Presidente de la República en menos de una década, el gremio de los maestros se opone a que se posesione la Ministra de Educación, un grupo de agricultores cuestionan al Ministro del ramo, varios dirigentes deportivos rechazan el nombramiento del secretario de Deportes y los taxistas del Guayas exigen la remoción de varias autoridades de la CTG.

¿Quién es responsable de este caos? En algunos casos las autoridades, que con sus abusos despiertan innecesariamente la reacción popular; en otros, los ciudadanos, que en más de una ocasión han perdido de vista los límites de la protesta civilizada y pacífica.

Para salir de este atolladero tendremos que desterrar primero la concepción tan arraigada en distintos estamentos sociales de que la ley es relativa. Un alto funcionario del Estado acaba de declarar, quizás sin meditar en el alcance de sus palabras, que lo importante es “acercarse lo más posible a lo que dice la Carta Política”. Allí radica el error. Lo que hace falta no son acercamientos ni aproximaciones, sino respeto irrestricto a las normas jurídicas.

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Que los poderes del Estado den el primer paso, antes de que sea tarde.