Hasta febrero pasado, la entidad recuperó $ 727,8 millones; solo $ 53,4 millones (el 5,3%) en efectivo.

Alejandra Cantos no es la primera gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que en su presentación ante los empleados la semana anterior dijo que entre sus planes está el cierre del organismo, creado en diciembre de 1998 con dos fines: recuperar la cartera de las instituciones financieras (IFI) que entraron a saneamiento tras la crisis bancaria y, con ese dinero, devolver los ahorros a los depositantes.

Que no aceptarán presiones, que cobrarán toda la cartera, que pagarán a los depositantes, que no permitirán la injerencia de la política en una institución “técnica”, que velarán por los recursos del Estado... A ningún gerente de la AGD se le escapó incluir esos ofrecimientos en muchos de sus discursos.

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A la entidad le ha tomado seis años cancelar a más del 99% de los depositantes.

Las IFI entraron a saneamiento con un total de 756.457 clientes garantizados, de los cuales –según datos cortados al 31 de marzo de este año– solo faltan por pagar 8.818. Para ello, la AGD necesita $ 62,1 millones (en el cuadro, el detalle está cortado al 31 de enero).

Eso significa que alrededor del 99% de los depositantes ya retiraron sus acreencias. Entre 1999 y marzo del 2005, la AGD les entregó cerca de $ 1.143 millones.

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Técnicos del organismo explicaron que “por ese lado, la AGD, prácticamente, ya ha cumplido su papel”. ¿Con qué dinero? En su mayoría, con fondos públicos y no con la recuperación de cartera, como estaba previsto en los planes iniciales de la Agencia.

Hasta el 28 de febrero de este año, la institución logró recuperar $ 727,8 millones, de los cuales apenas $ 53,4 millones (el 5,3%) corresponden a dinero en efectivo. El resto son compensaciones y daciones en pago que reposan en la AGD. La lista de muebles e inmuebles que fueron incautados a los banqueros o que sirvieron como parte de pago a los deudores contiene cientos de bienes que no pueden ser vendidos por problemas legales u obstáculos tributarios.

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Los gerentes que se hicieron cargo de la AGD responsabilizaron a las administraciones anteriores de una deficiente aplicación de la coactiva.

Para que la AGD cumpliera con el 99% de los depositantes recibió, entonces, la ayuda del Estado: $ 1.410,2 millones en bonos y $ 327,1 millones en efectivo.

Abogados de la AGD advirtieron, sin embargo, que “en el cobro de la cartera ya no hay que engañarse, porque ya ni siquiera es hueso. La única ventaja de seguir indagando es hacer públicos los nombres de los culpables de la crisis”.

Los gastos administrativos también fueron altos. La Asociación de Bancos Privados culpó a la AGD de gastarse más de $ 100 millones del Fondo de Garantía de Depósitos, formado con el aporte de los bancos. La Contraloría determinó que casi todas las administraciones usaron ese Fondo para gasto administrativo, con algunos excesos en viáticos y comisiones.

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