Cuatro son los aspectos en los que el Gobierno justifica su decisión de vetar parcialmente las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, aprobadas la semana pasada por el Congreso, para viabilizar la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Pese a que el plazo constitucional para que el Ejecutivo se pronuncie oficialmente sobre el tema vence el viernes, ayer se confirmó que la objeción parcial será enviada al Congreso hasta mañana, pues hay reparos a la conformación de una CSJ transitoria que se haga cargo de los procesos penales pendientes, al número de magistrados propuesto en el proyecto (31) y también a que los integrantes del comité de calificación de los nuevos jueces gocen de fuero de Corte.

Roberto González, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, explicó que en el primer punto el Gobierno considera que la integración de una Corte transitoria se contrapone a la Constitución, que en su artículo 24, numeral 11 de la Carta Política prohíbe expresamente que “cualquier persona sea juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto”.

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Para el Gobierno, lo ideal es que la CSJ cuente con una sola sala por materia (civil, penal, laboral, de lo contencioso, etcétera) y con ello argumenta su propuesta de que solo sean 16 los magistrados. Esto, según González, “permitirá que exista uniformidad en materia procesal lo que nunca hubo en el país”.

Las objeciones también apuntan a la propuesta de reestructuración de las Cortes Superiores de Justicia. “Nosotros no consentiremos que nunca más se asalte a la Función Judicial por parte de elementos políticos”, enfatizó el secretario de la Administración, Luis Herrería. “Debe primar la estabilidad y el respeto a la carrera judicial”, afirmó.

El Ejecutivo reconoce que después de la serie de violaciones legales ocurridas en los últimos meses, es difícil redactar un proyecto absolutamente constitucional, asegura que lo importante es acercarse lo más posible a lo que dice la Carta Política.

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BREVES

CORTE
“El país no se caerá si no hay Corte Suprema de Justicia por dos o tres meses”, dijo Roberto González, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República.

REUNIÓN
El Gobierno mantendrá hoy una reunión con delegados de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), de Transparencia Internacional, del grupo Ruptura   25 y otras organizaciones sociales para analizar la ley.

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PETICIÓN
Esto pese a que la Federación de Trabajadores Judiciales pidió ayer Ministro de Gobierno que suprima la participación del CLD.