Si alguien tenía dudas si habíamos regresado o no al llamado “estado de derecho”, bastaría que lea con lupa el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial que acaba de aprobar la partidocracia y que el presidente Palacio bien haría en vetarlo totalmente, a menos que haya decidido hacerle el juego a la partidocracia.

Parecería que no fue suficiente declarar “abandonado” el cargo presidencial; destituir al Presidente del Congreso ilegalmente; expulsar con dedicatoria a ciertos diputados sin el debido proceso, mientras no se lo hace con otros; declarar por allí que las Fuerzas Armadas habían retirado el respaldo al coronel Gutiérrez confundiendo lealtades; elegir como Presidente del Congreso a un afiliado del mismo partido de su antecesor; allanar domicilios; perseguir a ciudadanos sin orden judicial y con autos de libertad; entre otras cosas.

Todo eso es poco cuando se leen las mencionadas reformas legales. En ellas se establece una suerte de Corte Suprema Especial Interina con 7 jueces de excepción para que resuelvan únicamente ciertos casos –porque eso es lo que son, jueces de excepción–; se derogan dos resoluciones adoptadas por el propio Congreso porque dizque adolecían de nulidad (como si los diputados fuesen jueces de derecho…) dando así efectos retroactivos a normas con incidencia en situaciones penales; y se premia al tronchismo judicial al establecer que la Corte definitiva tendrá 31 magistrados cuando con 16 es suficiente.

Un veto parcial haciendo que la Corte Especial Interina tenga 31 magistrados, y no 7, no cambia en nada su inconstitucional naturaleza de excepción no prevista en la Carta Fundamental y violatoria de una garantía fundamental. Es más, sería peor todavía. Hay el riesgo cierto de que este tribunal especial –con magistrados manejados a control remoto– se quede de largo.

A todo galope, montada ahora sobre nuevos potros, más briosos, frescos y jóvenes, la partidocracia ha iniciado la batalla para reconquistar la Corte Suprema y consolidar más aún su hegemonía sobre el resto del sistema judicial, única forma de compensar su reiterado fracaso presidencial. Para semejante operación necesita –y está lográndolo– que la nación se distraiga con el circo y júbilo que despiertan la caída de Gutiérrez, las persecuciones judiciales y los filosóficos debates sobre la sociedad civil. Y, obviamente, también necesita de un Ejecutivo dócil que se haga de la vista gorda ante los atropellos y vivezas que se arropen en nombre de la justicia.

La razón que se esgrime para no adelantar elecciones o convocar a una Constituyente es que la Constitución no lo contempla. Si es así que se nos diga, entonces, en qué parte la Constitución permite crear una Corte Suprema Especial Interina (de 31 o de 7 magistrados, lo mismo da), y conformarla con elementos de las cortes superiores, que salvo poquísimas excepciones son la quintaesencia del reparto político. ¿Es este el estado de derecho al que hemos regresado? ¿O es que este estado de salvajismo y dictadura es nuestro natural “estado de derecho” del que nunca nos hemos ido?