Conflictos laborales tienen más incidencia en Guayas

Entre enero y abril se presentaron 1.336 demandas en Guayaquil; los casos aumentaron entre el 5% y 10%.

Santiago León llegó el viernes anterior ajetreado con algunos documentos al séptimo piso de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Buscaba información en uno de los juzgados de Trabajo sobre cómo instaurar una demanda contra la empresa metalmecánica de la que fue despedido “injustamente” tras cinco años de labores.

Su periplo comenzó antes en la Subsecretaría de Trabajo del Litoral, donde a diario llega un promedio de 25 quejas por despidos intempestivos; pero por recomendaciones de un abogado, León decidió acudir a la Corte con la intención de  llevar su reclamo ante un juez y solicitar una liquidación.

A diario, a los cinco juzgados de Trabajo de la Corte Superior de Guayaquil ingresa un promedio de 10 demandas orales presentadas por empleados despedidos  de sus trabajos. “En su mayor parte son por despidos intempestivos, personas que demandan a sus ex  empleadores una cuantía por sus liquidaciones”, explicó la jueza Olga Campos.

Los libros de registro de estas judicaturas reflejan un aumento de demandas que va entre el 5% y 10%. Solo de enero a abril de este año los juzgados laborales de Guayaquil recibieron 1.336 demandas, lo que implica que cada juzgado maneja un volumen de cerca de 270 casos.

Entidades públicas como la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), la Empresa Eléctrica, la Dirección de Aviación Civil (DAC), y otras firmas privadas como exportadoras bananeras, industrias y fábricas, que producen bienes de consumo masivo, constan entre las demandadas.

Efraín Duque, catedrático  y experto en materia laboral, consideró que uno de los motivos del incremento de demandas puede estar ligado “a la inseguridad jurídica e inestabilidad  política del país y que incide para que el empresario, sin un mercado abierto para desarrollar inversión, reduzca su personal”.

En algunos de estos casos o ante el cierre de empresas, el empleador no siempre liquida a su trabajador en óptimas condiciones y eso obliga a que se instaure una demanda, según Duque.

Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, cree –en cambio– que el alto índice de demandas no supone que las empresas privadas estén infringiendo la ley de manera recurrente. “La protección hacia el empleado es tan extremista aquí que por eso hay tantos abusos por parte de ellos. No es que hay incumplimiento por parte nuestra; hay muchas prebendas para el empleado y con base en esas prebendas han abusado para exigir al empleador”, dijo el dirigente.

También los reclamos laborales se registran en el sector público. Eduardo Cantos, un ex bodeguero de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, reclama desde 1995 una reliquidación de sus haberes. Ha tenido que exponer su caso en dos juzgados laborales de Guayaquil sin que “hasta ahora se resuelva mi problema”.

Las quejas se recogen, además, en la Subsecretaría de Trabajo. En los últimos dos años ha habido más de 4.000 quejas por despedidos.