En la zona aún son evidentes los daños que dejó el deslizamiento y el embate de las aguas acumuladas.

El 29 de marzo de 1993 el cerro Tamuga se desplomó sobre la comunidad de La Josefina, que en ese tiempo contaba con más de 300 habitantes. El fenómeno produjo que se represen cerca de 200 millones de metros cúbicos de agua y lodo en el río Cuenca, a 22 kilómetros al nororiente de Cuenca.

Pero la mayor desgracia surgió un mes después. La ruptura del dique y el consecuente desagüe se produjo el 1 de mayo de 1993 y esto causó mayor destrucción en el cantón Paute, que se encuentra ubicado a 46 kilómetros al Norte del embalse.

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Las incalculables pérdidas materiales y humanas determinaron que el deslizamiento, represamiento y posterior desagüe se consideren como la mayor catástrofe natural de la historia para la provincia, recordó Segundo Altamirano, quien en ese entonces era el teniente político de San Cristóbal, la parroquia afectada por el deslizamiento.

Este hecho aún es recordado con mucho dolor por quienes fueron afectados por el desastre natural. Lilia Ortega, de 73 años, no borra de su mente “el monstruoso ruido que causó el viejo cerro cuando cayó sobre tierras, potreros y las casas de mis hijos”.

Ella perdió en la catástrofe tres viviendas, pero lo más doloroso es la desaparición de los tres nietos que el deslave se llevó en la noche del 29 de marzo cuando se produjo el deslizamiento.

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Persiste peligro
Tras doce años del desastre, el cerro Tamuga aún no se estabiliza. Un convenio para evitar la explotación indiscriminada de material pétreo, suscrito en diciembre del 2004, entre el Municipio de Paute y el Consejo de Programación de Obras Emergentes (Copoe), permitirá estabilizar esta elevación.

En las cláusulas del documento consta que en dos años el Municipio de Paute podrá extraer 4.200 metros cúbicos de material pétreo, pero los trabajos deberán realizarse tomando como base los estudios de estabilización realizados por la Unidad de Gestión Ambiental de la Unión Europea, en 1997.

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Patricio Lazo, jefe del departamento de Infraestructura del Copoe, indicó que desde el año pasado este convenio anuló los anteriores, a través de los cuales la Dirección de Minas del Azuay autorizaba la explotación de material pétreo a diversos concesionarios que aún siguen en el área y que aducen tener concesiones otorgadas por el Estado por 30 años en la zona.