Luego de la revocatoria del mandato presidencial operada en las calles, la tarea es regresar a la normalidad. Hay una justificada prisa por salir de la crisis, pero por haberla, las propuestas se sobreponen o se entrecruzan, y es necesario ordenarlas, en el tiempo y en su contenido. La labor por cumplirse debe ser dividida en dos procesos que pueden ser paralelos.

Lo inmediato es revertir el vandalismo jurídico reparando la institucionalidad destrozada mediante la integración de la Corte Suprema de Justicia, que será siempre inconstitucional porque el Congreso Nacional no tiene atribuciones para nombrar ninguna, así como el escogimiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, pero es que volver al Estado pleno de Derecho no es posible de un solo plumazo después de una dictadura.

Ya se han dado los primeros pasos dejando sin efecto las resoluciones inconstitucionales del Congreso Nacional que modificaron dramáticamente el ordenamiento jurídico, pero el país debe ir a la tarea de fondo, cambiar las prácticas políticas y rediseñar algunos procedimientos e instituciones.

La parte dogmática de la Constitución no debe ser tocada, pues contiene un amplio elenco de derechos ciudadanos y una constante y clara reafirmación de principios democráticos, pero en cambio es preciso reformar lo orgánico y los temas electoral y político.

Aquí van algunos ejemplos, y solo ejemplos porque el tema es extenso y complejo: 1. Modificar la integración del Tribunal Supremo Electoral con vocales que no representen a los propios partidos controlados, y cambiar su nombre por el de Corte Electoral Nacional (no sé por cuál resorte mnemotécnico, todo lo “supremo” me huele a dictadura); 2. Democratizar a los partidos políticos disponiendo que las elecciones internas y la escogencia de sus candidatos sean efectuadas mediante procedimientos uniformes, auditados por la Corte Electoral; 3. Estudiar si los partidos políticos deben seguir recibiendo aportes económicos del Estado; 4. Terminar con la alcahuetería de no dar de baja a los partidos que son solo membretes; 5. Exigir mejor perfil de cultura y conocimiento a los diputados y realizar su elección junto con la segunda vuelta presidencial; 6. Tornar más rigurosos los requisitos que deben llenar los aspirantes a integrar el Tribunal Constitucional, quienes  deberían ser postulados únicamente por organismos o instituciones relacionadas con el Derecho, la Justicia y los Derechos Humanos; 7. Muchas otras cosas que comentaré en otro momento.

Y como los cambios no deben dilatarse con el riesgo de que el fervor cívico disminuya, no debe pensarse en una Asamblea Constituyente para reunir la cual se necesitaría una Consulta Popular, y luego elecciones para nombrar a los asambleístas y más tarde el desarrollo y decisiones de la propia Asamblea con lo que se agotaría el mandato de Alfredo Palacio, sino que el Presidente de la República debe mandar un proyecto bien estudiado de reformas constitucionales conteniendo las propuestas que la sociedad civil ha pedido, a fin de que el Congreso Nacional las califique de urgentes y las someta a la aprobación del pueblo para que se incorporen directamente a la Constitución. En la coyuntura que vivimos, con la Espada de Damocles sobre su nuca, no creo que el Congreso se niegue a colaborar con la nación.